La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, no pudo haber elegido mejor foro que el del congreso nacional de CSIF, el sindicato que representa a los empleados públicos, para insistir en que su gobierno pagará antes de que finalice el año el 26,2% de la paga extraordinaria de los funcionarios que no se cobró en 2012 y que el resto, hasta completar el total, se abonará en 2016. Fue uno de los asuntos de un congreso que ayer llenó el Palacio de Congresos (Miguel Borra Izquierdo fue nombrado presidente nacional) y en el que se insistieron en dos cuestiones clave: reclamar una mayor participación de CSIF en los foros de diálogo social y "restituir los derechos arrebatados a los funcionarios por parte de las administraciones públicas".

Benito Román, responsable regional del sindicato, incidía precisamente en este último extremo. Recordaba como en los últimos cinco años la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios públicos ronda el 30%. "Queremos que se nos devuelva tras la aplicación de una medida --define Román-- injusta y desproporcionada". El líder sindical pone el énfasis en la cuestión de la paga extraordinaria: "el gobierno central dijo que la devolvería en función de la disponibilidad económica, pero si me la quitaste íntegra, me la devuelves íntegra y no por partes".

Por eso, CSIF insta a la Junta, a los ayuntamientos, mancomunidades y universidad "a que convoquen las mesas generales correspondientes para abordar la devolución de la paga y de los días pendientes". No obstante, Román muestra su satisfacción porque al menos los empleados públicos del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros ya han cobrado el 26,2% de la paga y se tiene el compromiso que, además del Ayuntamiento de Cáceres, también el de Zafra y la Diputación de Badajoz la repondrán antes de que acabe este año.

Con respecto a la Junta, Benito Román recuerda que aún queda por pagar el 75% de la paga, porque el resto lo abonó el gobierno de Monago. El presidente de CSIF se refirió a la propuesta realizada a la Mesa General de Negociación para que en el caso de que existan dificultades económicas, en la primera semana de enero de 2016 se pague ese 75% en un solo plazo.

En Extremadura hay aproximadamente 84.000 empleados públicos. Más de 13.000 dependen del gobierno central, 46.000 de la Junta de Extremadura, 3.000 de la universidad y 24.000 son competencia de la administración local.