El transporte de la legión de funcionarios que a diario viajan de Cáceres a Mérida ha provocado un serio conflicto en el que se ven implicadas dos empresas de autobuses --Leda, única concesionaria de este servicio, y Aula, que pretende competir con ella--, la Consejería de Infraestructuras y los propios empleados públicos de la Junta.
Intentar acabar con el "monopolio" que según algunos trabajadores tiene la empresa Leda ha sido la causa de un enfrentamiento en el que ayer, incluso, fue necesaria la intervención de la Guardia Civil. Un grupo de agentes, acompañados por dos inspectores de transportes, impidieron a las 7 de la mañana la salida de dos autobuses de la empresa Aula contratados por un grupo de 80 funcionarios.
Trabajadores afectados por este suceso manifestaron a este diario que el conflicto ha surgido porque un tercio del total de funcionarios han decidido contratar a otra empresa, Viajes Aula, "por considerar abusivo el precio que cobra la actual empresa concesionaria". Leda, que fleta diariamente cinco autobuses de Cáceres a Mérida (ida y vuelta), cobra a cada trabajador 96 euros al mes. Aula, que pretende operar con dos autobuses, quiere cobrar 70 euros.
LAS ACCIONES Aula inició este servicio el martes, pero ayer inspectores de transportes les impidieron la salida. Los trabajadores afectados vieron en esta acción "intereses ocultos", el gerente de Aula, "una práctica no habitual"; y desde la consejería se manifestó que la actuación respondió a una exigencia legal.
Así lo indicó a EL PERIODICO Pedro Barquero, secretario general de la Consejería de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, quien matizó que lo único que se ha hecho en este caso "es evitar un transporte ilegal".
Barquero explicó que si bien es cierto que el viernes pasado la empresa Aula presentó su solicitud para realizar un servicio excepcional permanente de Cáceres a Mérida, también lo es que la consejería advirtió a su gerente que no podía prestar dicho servicio hasta no tener la autorización administrativa, "y haciendo caso omiso el pasado martes comenzó el servicio sin estar autorizado, hecho que denunció la empresa concesionaria".
Ante esta infracción, se informó a los funcionarios que han contratado su servicio de que éste no se podrá prestar de momento, y se comunicó de nuevo a la empresa la prohibición de realizar la ruta. Pese a ello, añadió Barquero, ayer por la mañana "Aula ha intentado fletar dos autobuses desde Cáceres y hemos tenido que impedírselo, pues la obligación de la Junta es evitar que un transporte ilegal, como es éste, se realice".
Por este hecho, informó el secretario general de la consejería, se abrió ayer mismo un expediente sancionador a Aula, "por infringir, además conscientemente, la ley de transporte".
También ayer, responsables de la consejería se reunieron con el gerente de Aula y funcionarios afectados, a quienes les manifestaron la voluntad de acelerar los trámites de la solicitud que, por el momento, no se puede adelantar si será o no autorizada.
Por su parte, el gerente de Aula, Pedro Díez, aseguró que su procedimiento "ha sido correcto", pues según indicó la empresa tiene "más de 40 autorizaciones de transporte y el trámite normal es solicitar la autorización y empezar a funcionar, aunque los permisos lleguen unos meses después". "Siempre se ha hecho así y no entendemos porqué en este caso no nos permiten hacer el servicio", recalcó.
Sin querer entrar en más valoraciones, el gerente de esta sociedad tan sólo manifestó su confianza en que desde la Junta se cumpla el compromiso de agilizar los trámites "y nos den la autorización en pocos días".
