Alrededor de 400 extranjeros sin papeles podrán beneficiarse en la provincia de Cáceres del proceso extraordinario de regularización que abrirá el Gobierno el 7 de febrero durante tres meses. CCOO mantiene esta estimación, tras celebrar ayer en Cáceres una asamblea informativa dentro de una ronda de seis que desarrollará antes de acabar enero en Plasencia, Navalmoral, Badajoz, Almendralejo y Coria.

Según informó Pepa Alvarez, secretaria de Política Social de la Unión Regional de este sindicato, el objetivo de estas convocatorias se centra en informar del proceso de regularización y de las condiciones exigidas a los trabajadores extranjeros, y a los empresarios interesados. La responsable sindical indicó que los requisitos son estar empadronados un mínimo de seis meses, carecer de antecedentes penales y poseer un contrato de trabajo.

Para este sindicato, el proceso de regularización debe suponer que aflore la economía sumergida y dar una visión más real de cómo está el mercado laboral en Extremadura. "Que esos trabajadores asuman los derechos como cualquier otro", dijo Alvarez, que apuntó que debe ser el propio empresario el que presente la documentación del trabajador. Los sectores más afectados están relacionados con hostelería, comercio, la construcción, el campo y el empleo doméstico. Las nacionalidades son Marruecos, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y países del Este.

REFORMA FAVORABLE Por su parte, Mariano Blanco, portavoz de la Plataforma Extremadura frontera abierta , de apoyo a los inmigrantes y con sede en Cáceres, explicó ayer que el proceso para la regularización de extranjeros nace de antemano "con luces y sombras". En este sentido, aseguró que se dan las condiciones favorables para que éstos normalicen su situación, aunque dejó claro que ha faltado información previa a los empleadores.

Como principal ventaja, Blanco destacó que gran cantidad de inmigrantes han seguido la recomendación de empadronarse con seis meses de antelación al proceso, una condición indispensable para poder regularizar su situación en España. A pesar de ello, la plataforma denuncia los "abusos" que se están produciendo en embajadas de países subsaharianos donde cobran por expedir un certificado de penales entre 600 y 800 euros, cuando las tasas por este mismo concepto no sobrepasan 50 en otras delegaciones diplomáticas.