La Asociación de Propietarios de la Umbría y la Solana de la Montaña solicitará al Tribunal Supremo que de la sentencia del residencial Universidad se deriven todas las responsabilidades y consecuencias que haya lugar. Esa petición se realizaría si la ordenación de la Montaña que se recoge en el nuevo Plan General Municipal de urbanismo se recorta, afectando a los terrenos que son propiedad de este colectivo. La resolución del Tribunal Supremo anuló la orden del año 2000 del entonces consejero de Vivienda, Javier Corominas, que posibilitó ejecutar la urbanización, que se encuentra en las estribaciones de la Montaña y que cuenta con 550 viviendas.

La comisión de Urbanismo del ayuntamiento volverá a reunirse el martes para debatir sobre los recortes a introducir en el nuevo plan. Una de las ideas que están sobre la mesa desde la pasada semana es rebajar una parte de las previsiones iniciales sobre la intervención en la Montaña. En relación a los resultados que puede tener esa solicitud de ejecución del fallo con todas las consencuencias, el gestor de la asociación de la Montaña, Juan Antonio Martín, manifestó que son "imprevisibles" y que se "sustanciarían" con la tramitación de la ejecución que se reclamase.

Ni Martín ni Angel Casado, que es el secretario del colectivo, confirmaron que una de las consecuencias pudiera ser el desalojo o derribo de las casas, el fallo no indica nada sobre este asunto. La intención de la asociación es que de la resolución judicial se deriven las consecuencias (no solo urbanísticas, sino también de otro tipo: sanciones, políticas...) que haya lugar. Martín y Casado precisaron que, pese a que el fallo es de finales de septiembre del 2007, se está en plazo para solicitar ejecución.

La sentencia del Tribunal Supremo viene a anular la modificación puntual que se realizó en la planificación urbanística de la ciudad para que en los terrenos del residencial se pudiera hacer la urbanización. La modificación se inició durante la primera legislatura de José María Saponi.

Por lo tanto, el ayuntamiento, al cumplir esa anulación, deja el suelo como no urbanizable protegido, que es como lo clasificó el plan de urbanismo de 1999, y las casas quedan fuera de ordenación. El ayuntamiento pretende ahora la legalización de esta urbanización, con 15 hectáreas, a través del nuevo plan de urbanismo, un documento en el que aparece como suelo urbano. Este nuevo plan todavía no está en vigor, ya que falta la aprobación final que tiene que dar la Junta.

En el nuevo plan de urbanismo también se califican más de 150 hectáreas de la Montaña como sistema general de espacio libre adscrito a nuevos sectores de suelo urbanizable. Dentro de esa superficie total están los terrenos propiedad de la asociación, cuyos socios aportarían sus parcelas, que se cederían al consistorio para parque natural y ronda este, y a cambio participarían con edificabilidad en los aprovechamientos lucrativos (pisos, comercios, oficinas...) de los nuevos sectores residenciales donde el nuevo plan deje edificar.

PROCESO La Junta considera excesivo esos sistemas generales, y la intención del ayuntamiento es recortarlos no solo de Sierrilla, donde la superficie es mayor y está más alejada del centro, sino también de la Montaña. La propuesta que se maneja es eliminar aquellas zonas de Sierrilla y Montaña que se encuentren más alejadas de la ciudad. El objetivo es que el consistorio solo obtenga y se haga cargo de lo más cercano al casco urbano. La asociación, que promovió el proceso judicial del residencial Universidad, pediría todas las responsabilidades que se deriven de la sentencia si parte de sus terrenos se ven afectados por ese recorte de los sistemas generales del nuevo plan.

Martín recordó que la asociación inició el proceso ante los tribunales debido a que a Magenta, que fue la promotora del residencial, se le autorizó por parte del ayuntamiento y la Junta lo que a este colectivo se le había negado en anteriores ocasiones, la primera petición se hizo hace 20 años, dada la protección urbanística que en ese momento se estaba planificando para la Montaña. Casado planteó que si al final se introducen recortes que "se consensúen con la asociación". "Después de 20 años no se puede volver al punto de partida, sobre todo después de que se autorizase el residencial, que ha contaminado una zona que ahora es el momento de ordenar", indicó el gestor.

Dos de los argumentos que ha defendido la asociación en su última memoria justificativa, que se presentó ante el ayuntamiento, es que sus propiedades de la Montaña están tipificadas como de prioridad I (entre las primeras a obtener para zona verde) y que en sus terrenos no se han dado cambios de titularidad del suelo como ha ocurrido en la Sierrilla, el otro gran sistema general adscrito a suelos urbanizables, durante la tramitación del nuevo plan general.