José María Saponi, alcalde de Cáceres, se reunió ayer con sus homólogos de Zamora, Alicante, Murcia, Ciudad Real y Avila para, según se informó ayer desde el ayuntamiento, articular una línea de trabajo conjunta con la que desmentir y denunciar el informe sobre la calidad del agua realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Otra de las decisiones adoptadas en este encuentro fue plantear "una acción preparatoria para presentar una demanda por parte de los municipios afectados por el informe" de la OCU.
Además se ha propuesto solicitar al juzgado que requiera a la organización que "aporte los expedientes y documentos que corroboren que el agua que se suministra no tiene todas las garantías exigidas por la legislación vigente". Las seis poblaciones citadas aparecían en el informe de la OCU entre las que tienen peor calidad de agua, incluso en la publicación del estudio de la organización se va más allá y se llega a afirmar que cuando se realizaron los análisis, en el caso de Cáceres fue el 26 de septiembre, el agua era no potable.
Los alcaldes defendieron la calidad del servicio de abastecimiento de agua que se presta en sus poblaciones y consideraron que la organización ha creado una alarma social sin permitir que se realizase un contranálisis de las muestras de agua que cogió para hacer su informe. También se insistió en que el agua está sujeta "a continuos controles periódicos por parte de las empresas" que tienen la adjudicación de los servicios de abastecimiento y suministro de agua.
Precisamente en la reunión de ayer, que tuvo lugar coincidiendo con la celebración en Madrid de la convención del PP, se ha acordado que la próxima semana se celebrará un nuevo encuentro al que asistirán las empresas suministradoras, y en el que se decidirá si se llevan a cabo acciones conjuntas entre los municipios y las empresas.
En el encuentro de ayer se valoró la posibilidad de ejercitar acciones legales de protección del honor por la alarma creada.
