El Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres ha concedido un permiso para investigar la existencia de oro en el subsuelo del término municipal de Cáceres. El Boletín Oficial de la Provincia publicó el pasado 11 de noviembre la solicitud registrada por un Antonio Bueno, con domicilio en Madrid, para obtener un permiso de investigación de recursos mineros en el paraje de Las Golondrinas, situado en el término municipal de Cáceres, entre la A-66 y la carretera de Torremocha a Botija. El paraje se encuentra en el límite de los Llanos.
La autorización se había solicitado en julio de 2013 y el propósito que se refleja en ella es la investigación de oro sobre una superficie de 60 cuadrículas mineras, aproximadamente 1.800 hectáreas de terreno, dentro del término municipal de Cáceres. El pasado lunes, 24 de noviembre, el DOE publicaba la admisión definitiva de la solicitud, que inicia el expediente conducente a la obtención del permiso. El tipo de autorización que se solicita es de investigación y por tanto podrá autorizar a que se lleven a cabo todos los trabajos y estudios necesarios para verificar la existencia en ese terreno del material que se busca, en este caso oro.
La autorización da un máximo de tres años para llevar a cabo todos esos trabajos aunque permite, en casos excepcionales, prórrogas en el permiso. De confirmarse la existencia de oro en ese terreno y querer proceder a su explotación de esos recursos habría que solicitar otro permiso diferente.
Este tipo de solicitudes se hacen públicas por tratarse de una actividad que afecta a recursos dominio público, como son los recursos mineros, y para aquellos que puedan estar interesados por cuestiones de titularidad de terrenos o afecciones ambientales.
SECTOR ESTRATEGICO La explotación de los recursos mineros es una línea estratégica del gobierno regional para fomentar el desarrollo económico e industrial de la región. Hace poco más de un año, la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio sacó a concurso 83 antiguos registros mineros para que los operadores del sector pudieran iniciar los procedimientos para llevar a cabo tareas de investigación, como en este caso, y posterior explotación. Los registros abarcaban una superficie de 122.000 hectáreas sobre las que había un antiguo derecho de investigación o explotación que había caducado después de que quedaran en desuso.
