El juez de la Audiencia Provincial ha condenado a tres años de prisión a un empleado de Novaforma que abusó sexualmente de un usuario del centro. El juicio estaba señalado en el palacio de justicia este pasado lunes, pero la acusación y la defensa llegaron a un acuerdo de conformidad sobre la condena y con ello evitaron la vista oral. Fiscalía pedía ocho años y medio de cárcel. Según confirma el ministerio público a este diario, el condenado deberá indemnizar también a la víctima con 30.000 euros y tendrá una orden de alejamiento de cinco años por un delito continuado de abusos sexuales.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016 en el centro ocupacional que tiene sede en Ronda de la Pizarra. Según recoge El Mundo, el condenado, que entonces estaba contratado como conserje de Novaforma, tiene una discapacidad del 56% y la víctima, del 67%. Fueron los tutores de la víctima los que denunciaron los hechos en 2016.

Este diario se puso en contacto con los letrados de las partes y con la gerencia del centro ocupacional, que rehusaron hacer declaraciones al respecto. También este rotativo hizo lo propio con el psiquiatra que atendió a la víctima de los abusos sexuales, pero declinó valorar el dictamen del juez ni precisar ningún dato sobre el paciente.

Al respecto, la diputada del PP Consuelo Rodríguez Píriz pidió explicaciones a la Junta sobre el tema ya que, según su testimonio, «da la sensación que se le ha querido dar carpetazo» al pactar una condena entre el gabinete jurídico del gobierno regional y los abogados del centro ocupacional subvencionado por la administración que «a todas luces perjudica» los intereses de este joven con discapacidad. Asimismo, preguntó por los motivos por los que la Comisión Tutelar de Menores, que es la competente, no interpuso la denuncia.

En ese sentido, la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, eludió hacer declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Aseveró «que es difícil, delicado y que se trata de las personas». Si se pronunció sobre el tema la directora general del Servicio de Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), Consolación Serrano, que aseguró que la administración regional ha velado en todo momento por los intereses del joven con discapacidad que sufrió abusos sexuales. Fue Serrano la que respondió a los populares y lamentó «la frivolidad» con la que se tratan estos temas y ha recordado que existe una ley de protección de datos, que obliga a la Junta a proteger los datos personales de las personas bajo su tutela. Explicó la Comisión Tutelar de Menores ha tenido conocimiento de los hechos y ha estado detrás de la defensa de esta persona y en cuanto a las críticas del PP porque los abogados de la Junta hayan pactado, añadió que la cuantía económica recogida es el doble que la que pedía la Fiscalía. «Nos parecía que podía ser más favorable el acuerdo entre los abogados y en principio estamos satisfechos».