Antonio Serrano, el juez de instrucción número 31 de Madrid, decretó ayer el sobreseimiento de la operación Puerto, debido al vacío legal que existía el 23 de mayo del 2006 cuando se produjeron las detenciones de Eufemiano Fuentes, Manolo Saiz y tres colaboradores del médico canario. En aquella época todavía no se había aprobado la ley Antidopaje, impulsada por el Gobierno, y que ahora habría permitido llevar a juicio a los inculpados. El magistrado dejó abierta la vía para que se exijan las responsabilidades civiles que se consideren pertinentes, entre ellas la apertura de expedientes deportivos que puedan conducir a dictar sanciones por dopaje.
La decisión del magistrado se dará a conocer oficialmente el lunes, pero ayer fue adelantada a algunos de los abogados de los afectados, entre ellos los letrados contratados por la Federación Española de Ciclismo, que se había personado como parte perjudicada en la causa. La Fiscalía no había recibido la resolución del juez Serrano, aunque fuentes próximas a la Audiencia Provincial de Madrid consideraron ayer que la intención del Ministerio fiscal era recurrir la misma.
EL INFORME El juez ha valorado el informe presentado por el Instituto de Toxicología a finales de diciembre, según el cual no se encontraban indicios de delitos contra la salud pública en los medicamentos incautados en la consulta de Eufemiano Fuentes en el registro efectuado por la Guardia Civil en de mayo del 2006. La actuación policial supuso la salida a la luz pública de la red de dopaje deportivo que amenazó la carrera deportiva de algunas de las principales figuras ciclistas como Jan Ullrich e Ivan Basso, a los que no se les permitió participar en el Tour.
El auto del juez Serrano se ha redactado antes de que se conozca el informe de la Agencia del Medicamento, un pronunciamiento que algunos expertos consideran esencial, al haberse encontrado en el registro de la consulta de Fuentes una serie de fármacos presuntamente falsos.
El juez reconoce en el auto que hay indicios de dopaje, por lo que invita a continuar el procedimiento administrativo.
