Los presidentes territoriales que dimitieron de la junta directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF), entre ellos el extremeño Pedro Rocha, excepto los imputados, volverán a este organismo, que se reunirá el próximo 6 de septiembre y pedirán a Ángel María Villar que dimita, según acordaron en la tarde de ayer martes en una reunión.
«Volvemos a la normalidad, los presidentes vuelven a la Junta Directiva exceptuando los cinco que estaban encausados, mantienen su dimisión porque era una de las premisas que marcaba el presidente. Ahora vamos a seguir una ruta, junta directiva el día 6 por la tarde y a partir de ahí trataremos de trasladarle al presidente las inquietudes, que pasan por su dimisión», explicó el presidente en funciones de la RFEF, Juan Luis Larrea.
Larrea, la secretaria general Esther Gascón y los dirigentes de las 19 federaciones territoriales se reunieron durante unas dos horas después de haber tenido un encuentro de una duración similar con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, en el que hubo «unanimidad» sobre la necesidad de que Villar dimita, según dijo el presidente del CSD.
Mientras tanto, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, aseguró tras la reunión con el presidente en funciones de la Federación Española de Fútbol, Juan Luis Larrea y los presidentes de las federaciones territoriales que hay «consenso» en que la mejor solución es la dimisión de Ángel Villar. «Ha habido unanimidad y absoluto consenso en que la mejor de las soluciones sería la dimisión de Villar. La dimisión de Villar abriría un mecanismo de sustitución establecido en los estatutos que permitiría la convocatoria de elecciones y la presentación de los candidatos que creyeran conveniente dar un paso al frente», explicó Lete tras el encuentro.
Lete añadió que el CSD establecerá «una tutela» de la Federación que estará «al margen del proceso electoral» cuando éste se produzca para elegir un nuevo presidente. Asimismo, detalló que en la reunión, que duró unas dos horas, también se valoró la posibilidad de una moción de censura, que se produciría en noviembre. Hasta entonces, el CSD podría incluso trasladar funcionarios de su plantilla a la sede de la RFEF para controlar su gestión.
«Esta tutela supondría que el Consejo estaría en disposición de desplazar funcionarios de esta casa para que, al amparo de la Ley del Deporte, pudiéramos controlar, inspeccionar documentos y garantizar que esa tutela se pudiera producir», detalló Lete.
El presidente del CSD insistió en que esta tutela es compatible con que el Consejo quede «al margen del proceso electoral» que se produzca en la RFEF una vez haya dimitido Villar.
