Nuevo paso de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, en su guerra para hacerse con el control de Caja Madrid y expulsar a su primer ejecutivo, Miguel Blesa. El Gobierno regional anunció ayer que va a reformar un proyecto de ley que aprobó hace apenas tres semanas para impedir al presidente de la entidad financiera aspirar a un nuevo mandato. Además, el Ejecutivo madrileño va a reducir el peso del ayuntamiento de la capital en la asamblea de la caja para limitar la capacidad de maniobra del alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, principal apoyo de Blesa.
La reforma de la ley de cajas de ahorros que Aguirre aprobó a finales de noviembre sorprendió por su moderación. Se daba por sentado que iba a ser un ariete para derribar a Blesa y dejar la caja a su merced. Pero la presidenta tenía otros planes: esperar hasta la llegada de las fiestas para introducir los cambios.
El grupo del PP en la Asamblea de Madrid, que cuenta con mayoría absoluta, anunció ayer varias enmiendas a la ley que modifica la normativa regional de cajas. Los consejeros van a poder optar a un mandato adicional, aunque hayan superado el límite de 12 años en el cargo. Pero, y ahí está la clave, deberán ser propuestos por el mismo sector que les eligió. En el caso de Blesa le tendría que proponer Aguirre, ya que llegó a la presidencia de manos de Gallardón cuando este era el líder del Ejecutivo madrileño.
MENOS REPRESENTACION Tras desactivar a Blesa, el segundo objetivo de Aguirre ha sido Gallardón. El Ayuntamiento de Madrid ocupaba el 70% de los puestos que corresponden a las corporaciones locales en la asamblea de la caja, pero este tope será reducido hasta el 30%. El Ejecutivo madrileño argumenta que el nuevo límite está en línea, por ejemplo, con los de La Rioja (30%), Andalucía (25%) o Cataluña (20%).
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, interpretó el cambio como una "discriminación" de los ciudadanos de la capital, que suponen más de la mitad de la población de la comunidad. El PSOE, IU y CCOO también criticaron las modificaciones.
Los grupos políticos municipales van a estar representados en función de su peso real, porque se elimina la asignación mínima de representantes por cada partido. Esta medida afecta a IU, que ha apoyado a Blesa. Asimismo, los consejeros que corresponden a la Casa Real como entidad fundadora, y que ahora se repartían entre el resto de sectores, se van a asignar solo a las entidades representativas, los empleados y la Asamblea de Madrid.
El 28% de la asamblea representará a los clientes, el 25% a los ayuntamientos, el 19,25% a las entidades representativas, el 16% por la Asamblea y el 11,25% a la plantilla.
