Las entidades financieras deberán comunicar cada año a la Agencia Tributaria todos los pagos con tarjeta que realicen los empresarios y profesionales cuando la cuantía total de los mismos supere los 3.000 euros en esos 12 meses. Hasta ahora, Hacienda podía acceder a esta información solicitándola a los bancos y cajas, pero el Gobierno aprobó ayer que la transferencia de estos datos se haga de forma automática y anual.

El Consejo de Ministros dio luz verde a esta medida para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. El Ejecutivo ha dispuesto que los inspectores hagan un seguimiento "más ágil y eficaz" de este tipo de movimientos. Con el mismo objetivo, ha modificado el reglamento del notariado para que en las operaciones con viviendas se identifiquen con claridad los datos del medio de pago empleado, sea metálico, transferencia, domiciliación o cheque.

También para evitar el fraude, el Gobierno ha decidido que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) emita facturas a los productores y distribuidores de energía renovable en las que figuren las primas que les corresponden. Estas fueron las medidas más llamativas en materia económica aprobadas en la reunión semanal del Ejecutivo, pero no las únicas.

ADMINISTRACION ELECTRONICA El Gobierno aprobó mejoras en las gestiones administrativas que los ciudadanos pueden realizar a través de internet. Así, ahora podrán hacerlas de forma más segura y sin necesidad de conocer qué nivel de la administración es el competente.

A día de hoy, ya se puede acceder al 96,4% de los trámites de la administración central a través de medios electrónicos. De ellos, más de 2.000, el 84,1% del total, son los procedimientos administrativos más utilizados. Casi 8 millones de personas y dos de cada tres empresas ya han contactado con la Administración a través de internet.

CONTRATOS PUBLICOS El Ejecutivo, asimismo, ha empezado a preparar la creación de un órgano independiente administrativo para resolver los recursos que interpongan los particulares contra las decisiones que toman las entidades públicas en los procesos de adjudicación de los contratos públicos. Se trata de aplicar una directiva europea del 2007, que busca dar una "posibilidad razonable" de recurrir a los perjudicados por los concursos públicos antes de que el contrato sea ya operativo.