Bancos y cajas están dispuestos a echar un cable al Gobierno en las medidas que pretende desplegar para rebajar el coste de las hipotecas en los casos de familias que no puedan afrontar el pago como consecuencia del empeoramiento de la situación económica. El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, anunció ayer que las entidades asociadas colaborarán con las familias que necesiten ampliar el plazo de sus hipotecas para afrontar su pago, y no descartó "asumir costes". En la misma línea, las cajas mostraron su disposición "a colaborar con el Gobierno para ayudar a las familias con dificultades a renegociar su hipoteca".

Ambos, sin embargo, eluden, de momento, precisar el impacto económico de esas ayudas y cómo se llevarán a cabo. Las entidades "ya está alargando los plazos" a quien lo necesita, añadió el propio Martín en unas jornadas financieras en Madrid.

Permitir que las familias con especiales dificultades puedan renegociar el plazo de sus hipotecas sin coste alguno forma parte de las medidas anticrisis que el Consejo de Ministros aprobará mañana. En las mismas jornadas financieras, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, dijo que la intención es "facilitar que las familias alarguen sus hipotecas, para intentar evitar que los problemas de liquidez devenguen en problemas de solvencia". Solbes había anunciado en febrero, en plena campaña electoral, que el Ejecutivo pediría a bancos y cajas, así como a notarios y registradores, que ayudasen a la Administración en la financiación de dicho coste. En aquel momento, desde el Ejecutivo se cuantificó en unos 1.000 euros el ahorro medio por cada novación --modificación de las condiciones del préstamo-- de hipoteca. Lo cierto es que, con la última reforma hipotecaria aprobada por el Ejecutivo, los costes de estos cambios ya han descendido y se sitúan en algo menos de 400 euros para la hipoteca media (de 150.000 euros), según cálculos realizados por este diario consultando a expertos.

Falta por definir el concepto de "familia con especiales dificultades para atender el pago de la hipoteca" al que se refiere el Gobierno. En general, las entidades están dispuestas a asumir una parte del coste, si los demás agentes --notarios, registradores y Gobierno-- hacen lo propio.

INYECCION DE 10.000 MILLONES Todas estas cuestiones deben quedar aclaradas el viernes, cuando el Gobierno apruebe el plan anticrisis con el que se pretende inyectar 10.000 millones a la economía, según ha explicado Solbes. Los 10.000 millones superan el superávit del 0,8% del PIB que anotó el Estado en el 2007. Solbes se mostró ayer favorable a que parte del superávit "se gaste ahora de forma juiciosa y tasada" para ayudar a reactivar la economía, siempre que, cuando la economía retorne a un crecimiento del 3%, en torno al 2010, "el superávit retorne a las inmediaciones del 2% del PIB".

El plan anticrisis del Gobierno también incluye un sistema de avales públicos por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para promocionar 150.000 viviendas de protección oficial.