Repsol YPF vivió ayer un día de suspense en Bolivia. El fiscal boliviano Angel Alvarez y otros dos colegas, junto con una veintena de policías, allanaron las oficinas de la petrolera en Santa Cruz, para detener al presidente de Andina (filial de Repsol en Bolivia), Julio Gavito, y al director de operaciones, Pedro Sánchez. El fiscal, que no encontró a los ejecutivos, acusa a Andina de contrabando de petróleo por 9,2 millones de dólares a Argentina y Chile.
A las ocho de la tarde de ayer en Madrid, Repsol emitió un comunicado en el que calificaba de "allanamiento" de sus oficinas la entrada del fiscal Alvarez. Según la petrolera, la acción se había producido después de que el juez Zenón Rodríguez hubiese ordenado la suspensión del proceso por presunto delito de contrabando de petróleo. El comunicado reiteraba "la inocencia" de los representantes en Bolivia y apeló "al clima de diálogo sincero y constructivo" con el presidente de Bolivia, Evo Morales.
