La Comisión Europea acordará el próximo martes denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por los poderes especiales del Gobierno para restringir el derecho de voto de las empresas con participación pública que adquieran acciones de empresas españolas del sector de la energía, según anunciaron a este diario fuentes comunitarias. Esa normativa, conocida como la ley Rato , ha sido evocada en varias ocasiones por el Gobierno como uno de los instrumentos legales que podría utilizar para bloquear la oferta de compra de Endesa por parte de la alemana E.ON.

Esos poderes especiales fueron introducidos en la disposición adicional 27 de la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2000 por el entonces vicepresidente económico, Rodrigo Rato, para frenar los intentos de penetración en el sector energético español de empresas públicas europeas, como Electricité de France (EDF).

El Ejecutivo comunitario estima que esos poderes gubernamentales constituyen una restricción injustificada de la libre circulación de capitales y que los cambios introducidos en el 2003 no han resuelto el problema.