El anuncio por parte del presidente del Gobierno de que va a acometer la reforma de la ley de cajas de ahorro --largamente reclamada por las entidades-- cogió el miércoles en fuera de juego a todo el sector. Ya repuestas de la sorpresa, las entidades reiteraron ayer sus exigencias de cara a este cambio legal: menos peso de los políticos en sus órganos de gobierno y respeto a su naturaleza jurídica.
Lo que más malestar ha causado es la falta de concreción de los cambios anunciados por José Luis Rodríguez Zapatero. Desde el Ministerio de Economía afirmaban ayer que "en los últimos meses se ha puesto de manifiesto que las cajas no tienen el mismo margen de maniobra que los bancos para afrontar imprevistos, y por ello se quiere reforzar su capacidad de actuación".
Fuentes del sector financiero estiman que este objetivo parece indicar que el Ejecutivo está estudiando dotar a las cuotas participativas de derechos políticos, como le habían pedido el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, y la patronal de las cajas. Máxime cuando la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha anunciado que el propósito no es la "politización o despolitización", sino que las cajas "se rijan por criterios de eficiencia, racionalidad y solvencia".
Las cuotas son una especie de acciones que confieren derechos económicos, pero no permiten participar en la gestión. El gobernador las quiere promocionar, ya que, al computar como recursos propios, permiten a las entidades ganar solvencia. Pero estima que la falta de voz y voto las hace poco atractivas.
Fuentes del sector afirmaron que el Gobierno no les anunció que había decidido acometer la reforma. Y reiteraron que los cambios se debían haber hecho antes de impulsar la reordenación del sector. Si el peso de los políticos fuera menor, dijeron, no habría tantas pegas a fusiones interregionales y primarían los criterios económicos.
