Si el Gobierno aprueba un decreto que recorte la protección social de los trabajadores, la huelga general está asegurada. Se lo avisaron ayer los líderes de CCOO y UGT al jefe del Ejecutivo, al que responsabilizaron de forma indirecta de la adopción de una medida tan contundente. Los sindicatos consideran que Zapatero está cada vez más aislado y alejado de su imagen progresista en política socioeconómica. Sin levantar la voz ni medio tono más de lo habitual ni simular grandes desilusiones, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo trazaron la raya que, a su entender, el Gobierno no debería traspasar si quiere de verdad paz social.

Completar la reforma laboral que podrían acordar los agentes sociales con un decreto "lesivo" para los trabajadores, encendería la mecha. Y lesivo es extender a todos el contrato con una indemnización por despido de 33 días en el que no se contemplen causas objetivas ni disciplinarias, procedentes o improcedentes. Supondría un recorte en la "calidad de la protección social" que para los sindicatos sería la fuente del conflicto.

PENDIENTES DE RESOLUCION Tras reunir a los máximos órganos de dirección, Méndez y Toxo anunciaron que serán las comisiones ejecutivas las que decidirán sobre si quemar o no el último cartucho del paro total. Antes tendrán que ver cómo se resuelve el diálogo social.

Además, buscarán en los sindicatos europeos la forma de dar una respuesta en toda la Unión Europea a una "salida errónea" de la crisis. "La UE", dijo Méndez, "ha desertado de sí misma".

El análisis sindical sobre las medidas de ajuste aprobadas ayer en el Congreso es todo un catálogo de desencuentros con el Ejecutivo. Este, según UGT y CCOO, está inmerso en un "aislamiento creciente" por el ajuste en el sector público que a Zapatero le ha "impuesto" la UE y ha asumido de forma "acrítica".

Toxo y Méndez reiteraron que, pese al decreto de ayer, será "imposible" cumplir con el objetivo de reducción del déficit y reactivación de la economía en el 2012, que pasa por rebajar el déficit al 6,3 y la tasa de paro.

IMPUESTOS El anuncio de Zapatero de que en las próximas semanas establecerá un impuesto extraordinario para las rentas más altas no ha servido para que los líderes sindicales recuperen la confianza en el jefe del Ejecutivo. Es más, esta medida con la que, según dijeron, se les "pretende compensar" por el enfado del ajuste, es el "reconocimiento explícito de la falta de equidad" del plan.

Pero el desengaño sindical tiene otro componente: que las recientes decisiones para combatir la crisis sean una "indicación" de por dónde irá en el futuro la política del Gobierno respecto de la Seguridad Social. El plan de ajuste tachado de "injusto, erróneo y estéril", ha puesto más dificultades aún al diálogo que mantienen los agentes sociales sobre la reforma laboral.

DIALOGO SOCIAL Tanto CCOO como UGT proclamaron su disposición al acuerdo, ya que este "daría confianza y podría servir de contrapunto al plan de ajuste", argumentó Toxo. Por el contrario, añadió Méndez, sería de lamentar que la reforma laboral fuera "el sustituto de la devaluación monetaria" que ahondase en el empobrecimiento de los asalariados.

Para poner las cartas sobre la mesa, los sindicatos pidieron al Gobierno que se sumara al diálogo con ellos y la CEOE, que se prolongará hasta el lunes 31 o más, si fuera necesario. El papel del Ejecutivo sería dar cobertura presupuestaria a las medidas que se acuerden.