La Comisión Nacional de Energía (CNE) ve con muy buenos ojos el proyecto de ley del Gobierno de la Generalitat catalana de garantía y calidad del suministro eléctrico. El texto, que fue aprobado el pasado martes por el Consejo Ejecutivo catalán, obliga a que todos los clientes reciban suministro de dos subestaciones distintas para garantizar el servicio en caso de apagones como el sucedido el pasado 24 de julio en Barcelona, que afectó a unos 300.000 abonados.

ENDURECIMIENTO La presidenta de la CNE, María Teresa Costa, se ha convertido en una defensora de esta norma mediante la que Cataluña hace uso de sus competencias para endurecer el control sobre las distribuidoras eléctricas como Endesa, cuyas tarifas fijará el Gobierno hasta el 2009. Costa hizo esta recomendación en un encuentro con empresarios en Huelva y se ha convertido en un elemento de su discurso.

El mensaje de la máxima autoridad supervisora del sector energético no iba dirigido solo a Andalucía, sino al resto de comunidades. Estas normas supondrían un endurecimiento de las obligaciones para las compañías distribuidoras, que operan en los territorios en régimen de práctico monopolio; y cuyos mecanismos de control se han visto facilitados con la reforma de la ley estatal del sector eléctrico, que entró en vigor el 5 de julio.

Dentro de ese nuevo marco legal, las autonomías han visto incrementadas sus competencias sobre la red de transporte secundario, formado por las líneas, transformadores y otros elementos eléctricos con tensiones de hasta 220 kilovoltios (kv), que hasta hace unas semanas estaban bajo el control exclusivo del Gobierno central.

PROMESA DE MONTILLA El gigantesco apagón de julio en la capital catalana hizo que el presidente de la Generalitat, José Montilla, se comprometiera a regular con más dureza la actividad eléctrica. Esta promesa coincidió con la entrada en vigor de la reforma de ley estatal del sector eléctrico, vigente desde julio pasado. La nueva norma, que se ajustó como anillo al dedo para la Generalitat, multiplica por 10 las sanciones a las eléctricas, hasta una multa máxima de 30 millones de euros, que el proyecto de ley catalán incorpora.

Costa aseguró que la ley 17/2007 "obliga a las empresas distribuidoras a poner en conocimiento de las comunidades autónomas sus planes de inversión para que estas puedan impulsar normas reguladoras que refuercen el control y sus obligaciones". Cataluña, en este sentido, se ha adelantado con su proyecto de ley, aunque empujado por las incidencias de julio.

DETALLAR INVERSIONES En todo caso, las distribuidoras eléctricas con presencia en Cataluña deberán entregar a la dirección general de Energía, dependiente del Departamento de Economía y Finanzas catalán que dirige Antoni Castells, el 15 de octubre sus planes de inversión.

Según la presidenta de la CNE, sería positivo "un criterio unánime" en este asunto. En esta línea se pronunciaron también en el debate los empresarios andaluces, que se refirieron a los obstáculos que suponen la disparidad de regulaciones en las distintas administraciones.