Como estaba previsto, el consejo de administración de Iberia se negó ayer a ofrecer la información requerida por el fondo de capital riesgo estadounidense Texas Pacific Group (TPG) antes de conocer sus verdaderas intenciones. Este diario adelantó el pasado martes que el núcleo duro de la aerolínea, antes de plantearse la venta, deseaba conocer si TPG contaba con suficientes socios españoles para preservar los derechos de vuelo con Latinoamérica y si tenía la intención de incluir alguna aerolínea extranjera.

Los principales accionistas de Iberia se reunieron ayer en el consejo para discutir si entregaban la información sobre la situación corporativa, contable, fiscal y legal de la aerolínea que ha solicitado TPG. El fondo había prometido estudiar estos datos durante un plazo no superior a 30 días hábiles y, si lo estimaba oportuno, presentar una oferta de compra en 10 días.

Pero el núcleo duro de Iberia --compuesto por British Airways, Caja Madrid, el BBVA, Logista (Altadis), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), El Corte Inglés, Ibercaja, Caja Castilla-La Mancha, Unicaja y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Huelva y Sevilla-- consideró ayer que no solo tiene la obligación de obtener la mayor rentabilidad de la venta de sus participaciones, sino también una responsabilidad con la aerolínea que consiste en mantener y aumentar sus actuales unidades de negocio.

Los derechos de vuelo con EEUU y con los países latinoamericanos provienen de antiguos acuerdos. Para que una aerolínea española pueda optar a ellos es necesario que el 51% de sus accionistas sean nacionales.

Para la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, lo "único" importante en la venta de Iberia es mantener el nivel del servicio. Pero, a renglón seguido, comentó ayer en la cadena SER que, "si se pierde la españolidad, se pierden los derechos y tendrán que plantearse las relaciones de otra manera".