La presión del Banco de España ha surtido efecto. Los consejos de administración de Caja Duero y Caja España aprobaron ayer la fusión de las dos entidades, una operación que ha estado en el alero en las últimas semanas por los problemas que surgieron a la hora de negociar el reparto del poder.
La operación dará lugar a la octava caja por activos, con un balance conjunto de unos 50.000 millones de euros. León, sede de Caja España, tendrá la presidencia no ejecutiva y la sede social, y Salamanca, la dirección general y la obra social.
La fusión hace realidad la aspiración de la Junta de Castilla y León, controlada por el PP, de tener una gran caja. Primero intentó la unión de todas las entidades de la comunidad. Las pequeñas se descolgaron, y quedaron las dos más grandes y Caja Burgos, que también se apeó de la concentración.
La nueva caja contará, además, con unos 6.000 empleados y 1.117 oficinas. El presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, afirmó ayer que no habrá "ni despidos, ni expedientes de regulación de empleo".
