Ante el parón de ventas de pisos, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que forma parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quiere que las arcas del Estado contribuyan a facilitar a los ciudadanos la compra de vivienda a los precios actuales. Este es el espíritu de la demanda que hizo ayer el presidente de la CNC, Juan Francisco Lazcano, al anunciar que pedirá al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que revise las deducciones fiscales que benefician la compra de la vivienda principal.

Actualmente estas deducciones alcanzan al 15% de las cuotas hipotecarias pagadas en un año, con un límite de 9.015,18 euros por año. Lazcano recordó que esta deducción no ha variado desde el año 1996 y se mostró convencido de que su actualización animaría la demanda, actualmente muy alicaída, y facilitaría la decisión de compra de personas que en estos momentos necesitan un piso.

COINCIDENCIA CON EL PP La propuesta de la CNC coincide con una de las propuestas incluidas en el programa electoral de Partido Popular (PP), que apostaba por aumentar la desgravación del 15% actual hasta un 25%. Sin embargo, choca con las recomendaciones de organismos financieros internacionales que, en los momentos de mayor subida de los precios de los pisos en España, advirtieron a las administraciones de que las ayudas fiscales a la compra todavía incentivaban más el encarecimiento de las viviendas y llegaron a proponer incluso su supresión.

Algunos gobiernos autonómicos reclamaron, sin éxito en su momento, la reducción de esta desgravación universal por la compra de la vivienda principal, para convertirla en un mecanismo más centrado en ayudar las rentas más bajas y en fomentar el mercado del alquiler. Hasta el momento, la mayor parte del dinero público dedicado a política de vivienda continúa acaparándolo esta deducción fiscal.

MAS OBRA CIVIL La gran patronal de los constructores propuso también ayer otro tipo de medidas para mantener la actividad en el sector, que pasan por potenciar la obra civil mediante sistemas de financiación públicoprivados, que podrían aplicar tanto la Administración central como la autonómica y la local.

Lazcano explicó que los promotores estaban preparados para una desaceleración de la construcción residencial porque "el crecimiento no era sostenible a largo plazo", pero reconoció que nadie se esperaba que lo hiciera de una forma tan brusca como lo ha hecho por el efecto de la crisis de las hipotecas basura de EEUU y la contención del crédito a los compradores y a las empresas constructoras en general.

A pesar de estas declaraciones, Lazcano explicó que este año todavía se construirá un número de viviendas "significativo", porque la maduración de las obras oscila entre los 18 y los 24 meses, por lo que ahora se concluirán muchas de las iniciadas en años anteriores. Así, confía en que la demanda embalsada, que está paralizada en estos momentos, termine aflorando "si la economía se mantiene en unas cifras razonables", porque hay "proyectos de hogares y una necesidad de vivienda". "Tenemos la esperanza de que el crecimiento español se ajuste a los niveles que ha mantenido hasta ahora, dado que dentro de la edificación (que supone el 75% de la construcción total) el sector residencial tan solo acapara el 35%. El 25% restante de la construcción española es aportado por la obra civil, una actividad sobre la que el Gobierno tiene más margen de maniobra, dado que puede aplicar iniciativas que impulsen la financiación privada u otras políticas anticíclicas.