Una rectificación a tiempo en tres de las medidas económicas sobre las que ahora el presidente ha dado marcha atrás podría haber evitado el recorte "drástico y duro" que José Luis Rodríguez Zapatero presentó el miércoles en el Congreso.
La deducción en el IRPF de los 400 euros, la eliminación del impuesto sobre el patrimonio y la implantación del cheque bebé en el 2008 fueron tres medidas sobre las que el presidente fue desaconsejado por unos u otros de los miembros de su Gobierno y su partido, a pesar de lo cual salieron adelante en un año de elecciones.
Entonces ya existían indicios de que se avecinaba una crisis que desaconsejaba la adopción de medidas adicionales de gasto. Desde luego, nadie podía sospechar las dimensiones que iba a cobrar. A día de hoy, la deducción de los 400 euros ha sido eliminada en su casi totalidad (para el ejercicio 2010) y se ha anunciado la supresión del cheque bebé de 2.500 euros para los nacimientos a partir del 1 de enero del 2011. Sobre el impuesto del patrimonio, la vicepresidenta Salgado ha reconocido que la supresión quizá fue un error.
Coste fiscal
En cada uno de los dos años en que estuvo en vigor la deducción de los 400 euros, la medida ha ocasionado un coste fiscal estimado de unos 5.700 millones (unos 11.400 millones en total). La adopción de esta medida, en plena campaña electoral, fue desaconsejada por quien era ministro de Economía, Pedro Solbes, e impulsada por quien era el coordinador del capítulo económico del programa electoral socialista, Miguel Sebastián. Para justificar la decisión de suprimir esta deducción, el Gobierno argumentó su elevado coste fiscal y su dudosa eficacia a la hora de estimular el consumo privado.
En los tres años en que va a estar en vigor el cheque bebé habrá supuesto un gasto total de unos 3.400 millones. Esta medida, muy querida por el presidente, también fue desaconsejada por Pedro Solbes.
La desaparición del impuesto sobre el patrimonio ha obligado a añadir a la financiación del Estado a las comunidades autónomas una cantidad adicional de 1.800 millones cada año, lo que eleva la factura a 5.400 millones en los años 2008, 2009 y 2010. Esta medida, que sí fue impulsada por Solbes, fue, sin embargo, desaconsejada por el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, entre otros.
