Tras dos días de comparecencia en el Capitolio de los ejecutivos de Ford, Chrysler y General Motors (GM), en los que pidieron hasta 27.000 millones de euros en ayudas públicas para sobrevivir, la Casa Blanca y los líderes demócratas del Congreso llegaron ayer a un acuerdo para trabajar en una ayuda a corto plazo de entre 12.000 y 13.500 millones de euros.

Durante el fin de semana, congresistas y representantes del Departamento del Tesoro trabajarán para ultimar los detalles de la legislación que articulará el salvamento con la intención de que se vote la semana que viene. El acuerdo aún no está cerrado, pero sí avanzado debido a que se han alcanzado dos consensos: la cifra y la fuente de financiación. El dinero no saldrá de los fondos del plan de rescate bancario, como querían los demócratas, sino de un crédito ya existente para construir coches más eficientes desde el punto de vista del consumo.

Lo que falta es que el poder ejecutivo y el legislativo se pongan de acuerdo en redactar un proyecto de legislación con las condiciones. Y después que el Congreso lo apruebe, algo que no está asegurado dado el acalorado debate que se ha producido sobre la conveniencia de ayudar a unas empresas que, en opinión de muchos, lo mejor que podrían hacer es acogerse a la ley de bancarrota.

La Casa Blanca insistía ayer en que las condiciones para la ayuda deben ser estrictas. Los demócratas pretenden imponer más restricciones, aunque parten de la premisa de que si se ayudó a los integrantes del sistema financiero lo mismo debe hacerse con un sector como el automovilístico, que da trabajo a tres millones de personas.