El ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, rechazó ayer en Bruselas, ante sus colegas de los Quince, las propuestas de la Comisión Europea para reformar los sectores del tabaco y el aceite de oliva, que perjudican en mayor o en menor medida a 64.000 agricultores extremeños. "España no puede compartir esas regulaciones, porque puede incentivar al abandono de la producción y del potencial industrial" que suponen esos sectores, declaró Arias Cañete a Efe a la entrada del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. Frente a la postura española, Suecia y Dinamarca reclamaron la supresión total de las ayudas al cultivo del tabaco.
La Comisión Europea proyecta que un 60% de las actuales subvenciones al aceite de oliva se sustituyan por un pago único desligado de la producción y que el 40% restante se reparta entre los Estados miembros, con base al árbol o a la hectárea.
El Ejecutivo comunitario propone que para el tabaco se sustituya totalmente la OCM actual por un sistema de ayudas desligadas de la producción.
Para los medianos y grandes productores de tabaco pretende que se recorte una parte de los apoyos --20% a los que cosechan entre 3,5 y 10 toneladas y dos tercios a los de más de 10 toneladas-- con el fin de financiar la reconversión del sector.
Arias Cañete dijo a Efe que estas propuestas "suponen cambios muy drásticos en sectores que funcionaban bien hasta ahora".
El ministro se mostró especialmente preocupado por el aceite, ya que la reforma que comienza "es la definitiva", argumentó, pues en el 2001 se acordó una prórroga del sistema actual.
El ministro señaló que intentará consensuar con las comunidades autónomas una postura, lo que es "muy difícil", reconoció, porque por ejemplo en Andalucía un 50% del olivar tiene rendimientos de más de 1.000 kilos por hectárea, mientras que en otras regiones la productividad es menor. Extremadura cuenta con zonas como Tierra de Barros, donde hay una elevada productividad, frente al olivar de baja producción de Gata y Hurdes.
APROBADA LA NUEVA PAC
Por otro lado, los ministros de Agricultura ratificaron los siete reglamentos sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) sobre la que habían alcanzado un acuerdo en junio en Luxemburgo. La reforma tiene como puntos principales la modulación o recorte de ayudas directas para reforzar el desarrollo rural y la introducción de un pago único por hectárea, desligado de la cosecha, que los estados pueden aplicar de forma nacional o regional. Los textos aprobados incluyen, entre otras novedades, la posibilidad de que en los países donde esa ayuda desvinculada sea regional se puedan plantar frutas, hortalizas y patatas, punto que han rechazado los productores hortofrutícolas españoles, italianos y galos.
Arias Cañete insistió en que esta medida no tendrá efectos negativos porque la reforma prevé que se limite la superficie dedicada a plantar hortalizas y porque "los países que más compiten con España no van a regionalizar la desvinculación". Agregó que en el caso de que una región decidiera dar el pago único a todas sus explotaciones, "la ayuda sería baja, ya que sería por hectárea y en el sector de hortalizas hablamos de metros cuadrados".
