Cuando se cumplen casi cuatro meses de la nacionalización de los hidrocarburos por parte del Gobierno de Evo Morales, la justicia boliviana registró de nuevo ayer las oficinas en Santa Cruz de la empresa Andina, filial de la petrolera hispano- argentina Repsol YPF, en el marco de una investigación por presunta estafa contra el Estado que habría provocado pérdidas de 160 millones de dólares (más de 133 millones de euros). La fiscalía ha ordenado la detención de varios exdirectivos de Andina y de la brasileña Petrobas.

Cinco fiscales y una veintena de policías entraron en la sede de Andina y, durante cuatro horas, registraron las dependencias, de las que se llevaron documentación. Antes fue detenido su directivo boliviano Saúl Encinas Miranda. Fuentes de Repsol tildaron la acción de "irregular y desproporcionada". En mayo, la fiscalía allanó estas oficinas por otra investigación por presunto contrabando de petróleo.

La intervención judicial de ayer es consecuencia de una denuncia del representante estatal en Andina, Hernán Camacho, quien acusó a Repsol de haber firmado en el 2002 un contrato de venta de gas con Petrobas a espaldas de las autoridades públicas. La filial de Repsol defiende que ese contrato no perjudicó al Estado y que se pagaron todos los impuestos. La empresa se había negado a entregar ese acuerdo a la justicia.

CESURA La acción de la fiscalía se produjo poco antes de que la oposición de derechas lograra una moción de censura contra el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, una figura clave en la política de nacionalizaciones. Pero el presidente Morales no solo lo ratificó, sino que acusó a sus adversarios de conspirar "al servicio de las trasnacionales" al querer frenar el proceso. La crisis estalló después de que se denunciara que la firma estatal YPFB vendió petróleo a bajo coste a Univen de Brasil.

Sin embargo, el trasfondo de esta situación es más complicado y tiene que ver con el balance de las medidas adoptadas por Morales para controlar los recursos naturales. El propio Soliz Rada acaba de reconocer que la nacionalización aún no ha alcanzado los frutos esperados.

El ministro también reconoció que fue un error haberle dado a las empresas extranjeras 180 días para negociar las nuevas reglas de juego. Ese periodo vence en dos meses y todavía no hay ningún contrato. El Gobierno retomará mañana las negociaciones con las compañías. Además, las principales petroleras que operan en Bolivia deberán pagar 125 millones de euros entre septiembre y octubre en razón del tributo fijado legalmente.