Los poderes político, financiero y de la construcción se citaron ayer en la madrileña estación de Chamartín, con las tres partes visiblemente satisfechas, para lanzar uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno destinado a combatir la recta final de la crisis: un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) que supone una inversión de 17.000 millones de euros, con el que se pretenden crear y mantener hasta 400.000 empleos, y en el que el sector privado, en un primer momento, correrá con todos los gastos. Para que no afecte a la disminución del déficit público en los próximos tres años y medio, el Estado no comenzará a devolver la cantidad hasta el 2014, cuando ya se hayan finalizado y puesto en servicio las obras en ferrocarriles y carreteras --que, de momento, todavía no se han concretado--, y lo hará a través de un canon durante un periodo de entre 25 y 30 años.

"El coste lo asumirán solidariamente las generaciones que van a disfrutar de esas infraestructuras. La solución no es nueva, pero está altamente perfeccionada", dijo el ministro de Fomento, un José Blanco que ha logrado plasmar la seducción que ejerce sobre las constructoras y la banca. La solución, a grandes rasgos, es esta: las compañías concesionarias correrán con al menos el 20% de la inversión inicial; el resto será sufragado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Dentro de tres años y medio, en el 2014, Fomento destinará un 8% de su presupuesto para proyectos ferroviarios y viales a pagar durante un plazo de hasta tres décadas esos 17.000 millones, una cantidad algo más alta de la que se había previsto.

SIN NECESIDAD DE AVALES Un ejemplo: si una constructora lleva a cabo una carretera que cuesta 100, aportará un mínimo de 20 de sus recursos propios y podrá financiar el resto con créditos de las entidades financieras, que no exigirán aval alguno a las concesionarias. Fomento comenzará a pagar poco a poco esos 100 totales cuando la vía esté en pleno servicio.

El plan echará rápido a andar. En el segundo semestre de este año comenzará la licitación de las obras, y el 70% de las inversiones irán destinadas al tren --especialmente a la alta velocidad, pero también a cercanías y mercancías--, mientras que el 30% restante se reserva a la mejora de las carreteras. Un total de 11.000 millones de euros se dedicarán a la obra nueva y los 6.000 millones restantes serán asignados al mantenimiento, según anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, flanqueado durante el acto por Blanco, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, el presidente de la Asociación Española de la Banca, Miguel Martín, y el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. También estaban en Chamartín los presidentes de las principales empresas constructoras y las patronales del sector. Todos cantaron las bondades del plan.