La ´golden share´ o ´acción de oro´ requiere que el representante del Estado dé la aprobación previa al adquirir acciones de al menos el 10% del capital de la ´golden share´. También deja sujetas a autorización previa la reducción de la participación del Estado en un porcentaje de al menos el 10% del capital, cuando la participación pública queda por debajo del 50% del capital y cuando se establece por debajo del 15%.
El equipo de Gobierno adoptó esta legislación en 1995 para evitar que las empresas públicas privatizadas pudieran caer en manos de firmas públicas extranjeras y para asegurar el mantenimiento de servicios públicos que daban las mismas.
La autorización administrativa anterior es también obligatoria en acuerdos de disolución, fusión o escisión de la empresa y en las decisiones de venta de participaciones.
El Gobierno español estableció un máximo de 10 años para la vigencia de ese mecanismo de tutela, pero la UE cree que ese límite no corrige la ilegalidad de las medidas.
