El poder ejecutivo argentino promulgó ayer la ley aprobada por el Congreso que permitió expropiar Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral, las empresas que pertenecían al grupo español Marsans. La norma, publicada en el Boletín Oficial, declara de "utilidad pública" las acciones de AA y su subsidiaria de cabotaje, garantiza la continuidad del servicio, el mantenimiento de los empleos, y manifiesta la disposición estatal a investigar el pasivo de la compañía.
Para el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, AA y su subsidiaria tienen una deuda de 636 millones de euros. La ley votada por el Parlamento obliga a "discriminar los pasivos generados por las operaciones normales de las empresas, de aquellos que se hubiesen originado en operaciones fraudulentas o que tuvieran causa en la mala gestión de los administradores".
DENUNCIA Para Marsans, el Congreso hizo una "confiscación arbitraria e ilegítima". El grupo español ya presentó una denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial.
AA y Austral fueron transferidas a Iberia en 1990, durante el Gobierno de Carlos Menem, en el marco de un proceso muy cuestionado. Marsans las compró en el 2001 por el precio simbólico de un dólar, momento en que el Tesoro español hizo un aporte de 535 millones de euros para que funcionaran.
La expropiación de AA tendrá un impacto negativo en los vínculos entre Buenos Aires y Madrid, donde Cristina Kirchner tiene previsto venir en febrero. Para el diario Clarín, el "disgusto" de España es "de fondo y forma". Hasta el último momento, un sector del Gobierno argentino intentó respetar esos compromisos. Por ahora, se impone el criterio del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, opuesto a que el grupo Marsans pueda volver a entrar como socio de la empresa. Jaime es el mismo funcionario que en su día aprobó sin cuestionar los balances de AA que presentaba Marsans.
