Los trabajadores de las empresas públicas, excepto los altos cargos, no estarán afectados por el recorte salarial del 5% de media que forma parte del plan del Gobierno para reducir el déficit público. La razón de esta exclusión está en que la vida laboral de estos empleados se rige por convenios colectivos que "hay que respetar", según dijo ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De la Vega tuvo que hacer esta aclaración ante los medios de comunicación por la presión de los sindicatos, que pidieron concreción en una medida que afecta a unos 2,5 millones de personas.
La urgencia sindical viene determinada porque el recorte entrará en vigor en la nómina de junio. El plan de Zapatero establece también una congelación salarial para el 2011, lo que según CCOO y UGT hace "saltar por los aires" el acuerdo del pasado septiembre, que fijaba un incremento salarial del 0,3% para este año que permitía optar a una cláusula de revisión salarial en el 2012. Fuentes sindicales indicaron que el presidente no puso en cuestión esta revisión salarial durante su encuentro del jueves con Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo.
RENFE Y RTVE Algunas de las empresas públicas excluidas, en principio, del recorte son Renfe y RTVE, aunque la vicepresidenta no las citó. Sí que aclaró que la restricción salarial afectaría a "todos los empleados públicos: funcionarios, estatutarios y laborales" que dependen de administraciones y organismos públicos. El régimen de retribuciones de todos ellos se rige por los presupuestos del Estado. Por tanto, es más viable para el Gobierno meter la tijera con un decreto ley.
Tras oír a la De la Vega, los sindicatos no se dieron por enterados ya que esperan una información "directa". Además, recuerdan que el miércoles se les dijo que se excluiría a los miembros de la policía y la Guardia Civil, a petición del ministro Rubalcaba, pero no ha sido así.
Una respuesta tan general cuando en el Gobierno aún no se han terminado de redactar las medidas de ajuste es interpretado como "miedo político" por parte del Ejecutivo ante el anuncio de los líderes sindicales de movilizar a toda la sociedad.
