El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha pedido al resto de los ministerios que, al menos hasta mitad de año, en espera de que se aprueben unos nuevos Presupuestos del Estado para el 2018, eviten gastar por encima de la mitad de lo inicialmente previsto para inversión y prestaciones, sin contar entre estas últimas las pensiones ni las prestaciones por desempleo.

Así queda recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el pasado 29 de diciembre en el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estableció los criterios para aplicar al 2018 la prórroga de los Presupuestos del Estado del 2017, en espera de poder acometer en las próximas semanas y meses la negociación política que permita sacar adelanta unas nuevas cuentas para este ejercicio, pendiente del apoyo del PNV condicionado al levantamiento de la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Según el Ministerio de Hacienda, la medida de «control del gasto» no constituye un recorte. «Es falso que hayan recortado los créditos de los departamentos ministeriales un 50% en el 2018» comunicó ayer el ministerio ante la confusión generada a partir de algunas interpretaciones. «Cuando la ejecución de determinadas partidas de gasto (las transferencias corrientes, de capital y las inversiones) supere el 50% del crédito inicial, el departamento ministerial afectado deberá solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Función Pública, como ocurrió el año pasado», añadió.

Lo cierto es que el propio ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, desaprovechó la ocasión de aclarar el alcance de la medida al ser preguntado por ella en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Como mi ministerio tenga un límite de gasto del 50% no sé que voy a hacer yo», dijo en tono de broma. «No conozco esa medida de limitar el gasto al 50%, dicho en esos términos», indicó el portavoz en respuesta a la cuestión formulada. «Lo que hay es una decisión de ver cómo repetimos los gastos del año 2017, pero no ha habido ninguna decisión de limitar al 50% los gastos del ministerio», remachó.

Las explicaciones no han convencido al PSOE, cuyo portavoz de Presupuestos, Javier Lasarte, denunció que «este nuevo recorte del gasto público» constituye una forma de «chantaje del Gobierno en un momento el que tiene que buscar apoyos para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado».

En el texto del acuerdo, al que ha tenido acceso este diario, se establece que «desde el 1 de enero del 2018 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2018» los distintos departamentos «no podrán iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8 de los correspondientes presupuestos».

Esto equivale a decir que no se podrán acometer «nuevos» proyectos de inversión ni nuevos programas de ayudas públicas a familias y empresas. Eso sí, de esta restricción del ministerio se dejan fuera las transferencias «destinadas a financiar pensiones, clases pasivas y desempleo».Además, se establece que no se podrán atender gastos dentro de estos capítulos, aunque provengan de expedientes ya iniciados en el 2017, cuando «se supere el 50% del importe inicial del capítulo del presupuesto prorrogado».

CONTROL DEL GASTO / Según se recoge en el propio acuerdo del Consejo de Ministros, el objetivo último es «evitar una elevada ejecución de los créditos presupuestarios antes de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018» y para ello «se establecen determinados controles en la ejecución del gasto».

En todo caso se establece que «solo por causas excepcionales debidamente justificadas», el Ministerio de Hacienda podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado el límite fijado, siempre que no supere el nivel de ejecución del gasto de 2017.