La juez Teresa Palacios dictó ayer auto de apertura de juicio oral contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y los exconsejeros José María Amusátegui y Angel Corcóstegui por un presunto delito de apropiación indebida o societario.
El proceso dirimirá si fueron legales los pagos a los exconsejeros cuando abandonaron el banco. Amusátegui salió de la entidad en agosto del 2001 y percibió más de 43 millones de euros (7.155 millones de pesetas). Por su parte, Corcóstegui se marchó en febrero del 2002 y cobró 108 millones de euros.
Esos pagos han sido tipificados por las acusaciones como un delito de apropiación indebida o un delito societario. Por el primero de ellos solicitan dos penas de seis años de prisión contra Botín y una de seis años para Amusátegui y Corcóstegui. En el caso de que prospere la acusación de delito societario, la pena se rebajaría a cuatro años de cárcel. A Botín le imputan dos de esos delitos.
AMENAZA DE EMBARGO Además, la juez ordenó a los tres depositar en el juzgado 164 millones para hacer frente a la responsabilidad civil. En el caso de que no lo hagan en 24 horas, se procederá al embargo de sus bienes. El SCH defendió ayer la inocencia de su presidente, reiteró que las decisiones fueron legales y adoptadas por todo el consejo de administración.
