Una vieja máxima económica dice que el control del gasto público comienza en el capítulo primero de los presupuestos, el que corresponde a los salarios de los funcionarios. Sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido que esta partida se incremente en próximo año un 8,2% para poder hacer frente a las nuevas contrataciones de personal que quiere realizar en los departamentos de Justicia, Defensa e Interior.

El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, dijo ayer que el aumento de los gastos de personal se debía más al coste de aumentar los efectivos y las retribuciones de los estamentos militares, policiales y judiciales que a las subidas salariales de empleados públicos.

El presupuesto de Justicia subirá un 12% para mejorar su organización; el nuevo diseño del Ejército profesional requerirá elevar sus gastos un 6,1% y las políticas de seguridad ciudadana (garantías de los derechos ciudadanos, protección civil o instituciones penitenciarias) crecerán en conjunto el 11,9%.

A pesar de lo dicho por Solbes, los sueldos de los funcionarios de las tres administraciones subirán un 3,1%, el mayor incremento de los últimos 11 años, incluido un 1,1% adicional para que cobren el 100% del complemento de destino. Además, podrán existir otros complementos en pensiones o productividad.

PRESTACIONES Aunque los costes de personal continúan siendo una de las mayores cargas del Estado (22.117 millones de euros), la intención de Solbes es que el 50% de los 301.331 millones de euros del gasto público consolidado se lo lleven las políticas sociales.

Las subidas de pensiones mínimas y el pago de las prestaciones se llevarán 84.681 millones (el 6,9% más) e incluyen 481 millones para abonar las pensiones de guerra que se originaron entre los años 1936 y 1939. También el Estado destinará un 16,6% más a la educación y elevará un 20,6% las partidas destinadas a financiar la vivienda (1.000 millones).

El esfuerzo por mejorar el nivel de investigación y desarrollo del país requerirá elevar estas partidas un 30,9% hasta los 4.826,93 millones de euros. De igual manera, la inversión en infraestructuras subirá el 12,4% con un gasto de casi 20.000 millones de euros.

Al margen de los 1.677 millones que el Gobierno transferirá a las autonomías para financiar la sanidad, el Estado prevé 3.959 millones de gasto sanitario.