El decreto de la reforma laboral pasó ayer por los pelos la difícil prueba del Senado, una cámara en la que el PP tiene más votos que el partido del Gobierno. La abstención de CiU y PNV, igual que hicieron en el Congreso, favoreció la aprobación del texto, que será votado definitivamente el 9 de septiembre en la Cámara baja tras encajar cambios menores en el Senado.

La Comisión de Trabajo del Senado, con competencia legislativa plena, aprobó el decreto ley con el apoyo de los 12 votos socialistas del PSOE, Grupo Mixto y Entesa (los dos portavoces de Mixto y de la Entesa pertenecen al PSOE de Menorca y al PSC). Los dos senadores de PNV y CiU se abstuvieron y los 12 del PP votaron en contra. Ante el empate a 12 entre síes y noes se impuso la regla de la mayoría ponderada, que favorece a quien sume más escaños en el pleno (en este caso, PSOE, Mixto y Entesa).

La portavoz del PP, Alicia Sánchez Camacho, rechazó el texto por ser "una reforma laboral para el despido, no para el empleo". PNV y CiU tacharon la reforma de "oportunidad perdida" pero optaron por la abstención.

Los sindicatos insistieron en que la reforma da respuesta a los grupos más conservadores y amplía el poder empresarial. Para UGT y CCOO, el recorte de derechos de los trabajadores y la mayor facilidad del despido constituyen un "atropello social que hace más necesaria la huelga general para parar esta reforma".

NOVEDADES Durante su tramitación en el Senado, la reforma laboral ha incorporado las 10 enmiendas presentadas por el PSOE, dos de CiU, tres del PNV y una del BNG. El texto del Senado reduce de 100 a 30 días el periodo en el que un parado puede rechazar una oferta de formación de los servicios públicos de empleo sin ser sancionado con retiradas de la prestación. La enmienda socialista recibió el apoyo de todos los grupos. Además, el Senado ha aprobado que los programas de investigación de las universidades y las grandes obras públicas no estén limitados por la duración de hasta cuatro años para la contratación por obra o servicio. También se ha establecido que las personas empleadas del hogar deben recibir en metálico al menos el salario mínimo interprofesional y que el salario en especie adicional no debe superar el 30% del salario mínimo interprofesional.

A instancias del PNV, se facilita el absentismo laboral como causa de despido. El trabajador podrá ser despedido por faltas "que alcancen el 20% de las jornadas en dos meses consecutivos, o el 25% en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses", tal como ya fija el Estatuto de los Trabajadores.