Los sindicatos quieren que el Gobierno deje de utilizar el salario mínimo interprofesional (SMI) como índice para actualizar rentas en unas 20 leyes y 600 normas. Según CCOO y UGT, esta "alteración" convierte el SMI en presupuestario dando una excusa al Ejecutivo para incumplir cada año la revalorización prevista en el Estatuto de los Trabajadores.

CCOO y UGT reclaman al Gobierno desde hace años una negociación del SMI en profundidad. Como tampoco esta vez lo han conseguido, los sindicatos han decidido no acudir a una reunión de "trámite" convocada por Trabajo "a última hora, cuando los presupuestos están cerrados y casi votados en el Parlamento", dijo ayer el secretario de Acción Sindical de CCOO, Fernando Puig.

Con el convencimiento de que ya no pueden impedir que el Consejo de Ministros del día 20 fije una subida del SMI igual al IPC previsto (2%), los sindicatos exigen una negociación en los primeros meses del 2003.

También pedirán que el SMI se revalorice cada año automáticamente de acuerdo con el IPC real, como lo hacen las pensiones, en cumplimiento del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente reclaman que se fije un marco plurianual de incremento progresivo para que este salario alcance los 600 euros (100.000 pesetas) mensuales, cantidad equivalente al 60% del sueldo medio español. Esto supondría una subida de 180 euros al mes.

El responsable de Acción Sindical de UGT, Antoni Ferrer, acusó al Ejecutivo de incumplir sus propias leyes con el fin de influir a la baja en el resto de los salarios. Las centrales quieren explicar a la opinión pública que el SMI lo cobran 500.000 trabajadores, que ha perdido 3,8 puntos de poder adquisitivo desde 1996 y que es el más bajo de la UE (exceptuando Portugal).