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EL CONTROL DE LAS CUENTAS MUNICIPALES

Las trabas de Montoro impiden a los alcaldes gastar su superávit

Las trabas de Montoro impiden a los alcaldes gastar su superávit. Los municipios exigen a Hacienda libertad para poder destinar más dinero a gasto social

 

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, tras reunirse en noviembre del 2016. - EFE

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
11/02/2018

Las corporaciones locales llevan seis años ahorrando, gastando menos de lo que ingresan y, en consecuencia, acumulando superavits. Desde el 2012 han ahorrado más 30.000 millones de euros, lo que les ha servido para reducir su deuda pública en más de 7.000 millones y para amasar unos depósitos en los bancos de más de 23.000 millones que no pueden ser tocados, para desesperación de alcaldes y presidentes de diputaciones.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice que existen vías para dar salida a esos ahorros. Que los ayuntamientos con superávit tienen margen para aumentar su gasto en inversión, siempre que entren dentro de lo que se considera “inversiones financieramente sostenibles (IFS)”.  Pero lo cierto es que la letra pequeña y las limitaciones son tales que en la práctica solo se está aprovechando una cuarta parte de ese margen.

Los últimos datos
Según los últimos datos recientemente publicados, en el 2016 las corporaciones locales en su conjunto pudieron echar mano de 2.735 millones ahorrados en el 2015 para poder elevar su capacidad de gasto. Sin embargo, en la práctica en el 2016 solo se aplicaron 717 millones (el 26,24% del total, poco más de la cuarta parte) en proyectos que, mayoritariamente se destinaron a actuaciones en vías públicas, rehabilitación de inmuebles, transporte de viajeros y carreteras.  El resto sirvió para seguir reduciendo la deuda pública.

Madrid fue el ayuntamiento que mayor cantidad aplicó en el 2016 a inversiones financieramente sostenibles, con un total de 110 millones que, sin embargo, apenas representaron el 30% total posible. En la clasificación le siguió Valencia (20 millones) y Las Palmas de Gran Canaria (6,78 millones). Terrassa, con 4,94 millones, es el primer ayuntamiento catalán que figura en la lista de los municipios que mayor uso hicieron en el 2016 del superávit obtenido el año anterior. Barcelona no hizo uso de este mecanismo en el 2016  (a pesar de contar con un excedente de 117 millones del año anterior) pues el municipio adoptó un Plan Económico Financiero que le amplió el margen inversor sin necesidad de someterse a este corsé.

Financieramente sostenible
La pregunta que surge es la de por qué si los ayuntamientos podían haber gastado 2.735 millones más en el 2016 a favor de sus ciudadanos solo aprovecharon una cuarta parte del margen disponible. Y la respuesta, según los responsables locales consultados, está en las trabas que impone la legislación del Ministerio de Hacienda. El Departamento que dirige Cristóbal Montoro se limita a recordar que el ministro se ha mostrado dispuesto a abrir la mano, aunque nunca antes de que la Unión Europea libere a España de la vigilancia extrema del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE). Es posible que España pueda salir de este procedimiento en la primavera de este mismo año, aunque seguramente Hacienda esperaría un tiempo adicional antes de empezar a relajar algunas reglas.

Por ahora, la ley se abre a que los ayuntamientos con superávit puedan gastar más, por encima de la regla de gasto, el año siguiente, siempre que sea en “inversiones financieramente sostenibles”; es decir, en proyectos que no generen un gasto adicional posterior en mano de obra o en consumo de bienes y servicios, o bien en acciones que después permitan obtener ingresos. En este concepto se enmarcan inversiones en distribución de agua, alumbrado, reparación de carreteras, parques y similares. Pero queda fuera todo el área del gasto social.

Los impedimentos
No poder abordar más gasto social es la razón principal que limita el apetito de los alcaldes por esta vía. Pero existen otras: No se pueden abordar proyectos con una vida útil inferior a cinco años. Ni tampoco, los que se refieran a adquisición de mobiliario, enseres o vehículos (salvo los de transporte público). Las obras deben ser terminadas dentro del año, si bien en el 2017 se amplió el plazo por el retraso con que se aprobaron los presupuestos del Estado. Hay más impedimentos: Solo pueden aspirar a utilizar su superávit los ayuntamientos que cumplan los objetivos de deuda pública y que paguen a sus proveedores en plazo. Y por mucho dinero que se tenga ahorrado del año anterior, solo se podrá gastar de más hasta el límite de no incurrir en déficit.

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, amenaza con una movilización de alcaldes si Montoro no se aviene a abrir la mano. “Estamos alarmados y enfadados porque se nos está impidiendo que podamos gastar nuestros ahorros en beneficio de nuestros ciudadanos”, dijo Caballero el pasado 5 de febrero. Según su denuncia, el Gobierno solo quiere usar el superávit local para intentar cuadrar las cuentas del Estado, compensando los agujeros que generan tanto el Estado como las comunidades autónomas, y poder cumplir con los objetivos de déficit impuestos por Europa.

Las claves

Madrid subre el freno de su deuda
El Ayuntamiento de Madrid es el que más ahorro genera (unos 1.000 millones por año) pero también es el de mayor deuda. Sus sucesivos superávits le han permitido reducir su deuda a la mitad en cinco años (hasta 3.511 millones). Pero su aún elevada deuda (4,4 veces la de Barcelona) es el argumento de Hacienda para frenar el posible uso de sus superávits para prestar más servicios. El ahorro del 2016 le sirvió para añadir 273 millones al gasto del 2017 pero hubo otros 82 millones que se quedaron sin gastar.

Barcelona exprime lo ahorrado en el 2016
El escaso volumen relativo de deuda del Ayuntamiento de Barcelona y el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores le permiten exprimir el uso del superávit del año anterior para elevar su techo de gasto. En el 2017 se aprobaron proyectos de inversión financieramente sostenibles (IFS) por unos 110 millones que casi agotaron el margen de 120 millones derivado de lo ahorrado el año anterior. La mayor parte de estos recursos han ido a proyectos de vivienda de alquiler social, sostenibles a partir de sus propios ingresos de explotación.

Bilbao, ejemplo vivo de las contradicciones de la ley
Bilbao se presenta como ejemplo de las contradicciones de la Ley de Estabilidad. Este consistorio no tiene deuda (apenas consta 1 millón) y todo lo que ahorra (16 millones en el 2016) solo le sirve para engordar una cuenta en el banco que no puede usar. En el 2017 el Ayuntamiento dio un giro a su gestión, que le llevó a incurrir en un déficit cercano a los 30 millones. Bilbao incumplió el objetivo de equilibrio fijado por Hacienda pero de paso pudo hacer uso de su tesorería acumulado. En el 2018 prevé volver al superávit, de 4 millones.

Llega la hora de las autonomías
Hasta ahora, sólo las corporaciones locales han anotado superávit en sus cuentas y solo ellas han presionado en busca de fórmulas en las que poder dar salida a sus ahorros en la prestación de servicios públicos. En el 2017 y el 2018 ya se puede haber esta situación en comunidades autónomas, como Canarias o Baleares. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido su intención de extender a las autonomías la vía de escape de las inversiones financieramente sostenibles (IFS).