Un total de 13 empresas energéticas extranjeras, controladas por los estados de sus países o con mayoría de capital público, han sido autorizadas hasta en 18 ocasiones a entrar en empresas de energía españolas por los gobiernos de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero desde el año 2001 hasta diciembre pasado. El PP concedió el control o la participación significativa a empresas extranjeras en trece ocasiones, y el PSOE, en cinco. Enel, EDP, Galp, Sonatrach y Oman Oil han obtenido más de una autorización en este periodo.

Gobiernos del PP y del PSOE han aplicado siempre con manga ancha la disposición adicional 27 de la ley de acompañamiento a los presupuestos del 2000, ideada por el exvicepresidente económico, Rodrigo Rato, para evitar que la francesa pública EDF se hiciera con la eléctrica española Hidrocantábrico. Después de eso, los sucesivos gobiernos no han vuelto a usar la disposición adicional 27 para frenar a empresas públicas extranjeras en las 18 ocasiones planteadas desde octubre del 2001. Ahora, el célebre artículo se ha vuelto a poner de actualidad tras la compra de un 24,9% de Endesa por la empresa pública italiana Enel.

DERECHOS POLITICOS La citada disposición establece que "las entidades o personas de naturaleza pública" que directa o indirectamente "tomen control o adquieran participaciones significativas" de sociedades energéticas españolas deberán de comunicarlo al Ministerio de Industria. El Consejo de Ministros, en el plazo de dos meses, podrá resolver si reconoce o no "derechos políticos" a esas participaciones, por encima del 3%, aplicando criterios de "objetividad, transparencia, equilibrio y buen funcionamiento de los mercados y sistemas energéticos".

En su pugna con E.ON por hacerse con el control de Endesa, Enel (propiedad del Estado italiano en un 32%) debe obtener permiso del Gobierno español para poder ejercer todos los derechos de voto que corresponden al 24,9% de las acciones de la eléctrica que ya controla.

El PP ha acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de querer entregar la primera eléctrica española a los italianos. Mariano Rajoy ha reprochado a Zapatero el intento de otra nacionalización, esta vez para dejar Endesa en manos del Gobierno italiano.

Enel debe obtener primero la autorización de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que debe aprobar la participación directa del 10% que tiene en Endesa. El resto de las acciones de Endesa controladas por Enel, hasta el 24,9%, están aparcadas , mediante el sistema de derivados financieros, en la Unión de Bancos Suizos (UBS) y Mediobanca.

Quizá la autorización más paradójica fue la que el Gobierno de Aznar dio a la compra del 100% de Electra Viesgo por Enel. Endesa, que ya presidía Manuel Pizarro, vendió Viesgo por más de 2.000 millones. Entonces, el 68% del capital de Enel era del Estado, frente al 32% actual. En enero del 2002, el Consejo de Ministros, "a propuesta del vicepresidente segundo para Asuntos Económicos, Rodrigo Rato" y tras "el informe favorable de la Comisión Delegada", decidió autorizar "el ejercicio por Enel Spa de los derechos políticos correspondientes a su participación del 100% del capital social de Electra de Viesgo".

NUEVE DE TRECE De las 13 autorizaciones de los gobiernos de Aznar, nueve fueron para empresas europeas. Además, China Aviation Oil entró en la distribuidora CLH. La estadounidense Energie E2A/S fue autorizada a participar en Cinergie Renovables Ibérica. La argelina Sonatrach entró en Cepsa Gas Comercializadora. Omán Oil fue autorizada, en julio del 2003, a participar en CLH, y en abril del 2005, obtuvo permiso del Gobierno de Zapatero a entrar en Infraestructuras de Gas S.A. En diciembre del 2006, Sonatrach obtuvo permiso para entrar en Generación Eléctrica Peninsular.