En agosto del 2007, cuando a la mayor crisis económica mundial desde los años 30 todavía se la calificaba de "turbulencias financieras", el presidente francés, Nicolas Sarkozy, envió una carta al resto de mandatarios del G-7 en la que les instaba a actuar sobre las agencias de calificación, debido a su responsabilidad en el estallido de las hipotecas basura. Casi tres años después, y tras decenas de declaraciones incendiarias, las autoridades apenas han hecho nada. Pero los graves problemas de Grecia parece que por fin han convencido a la Unión Europea de la necesidad de actuar.
Pasó desapercibido por la creación del fondo de rescate del euro, pero los socios europeos decidieron el fin de semana pasado acelerar las reformas. Hace unos meses, pactaron una nueva normativa para que las agencias justifiquen sus valoraciones y los métodos de evaluación, y respeten un código de conducta que evite los conflictos de intereses. Pero, inexplicablemente, se decidió que no entrará en vigor hasta el 7 de diciembre, con lo que no ha impedido la tormenta que ha azotado a la deuda pública europea en las últimas semanas.
La rebaja de la nota de Grecia al nivel de bono basura sin tener en cuenta el plan de rescate que estaba a punto de aprobarse, además de otros recortes de calificación como el sufrido por España por parte de S&P, parecen haber colmado la paciencia de las autoridades europeas. Hasta ahora, la prioridad había sido salvar a la banca y evitar una depresión económica con medidas públicas. Pero reformar las agencias ha pasado al primer lugar de la lista por los ataques contra la zona euro.
JUICIOS PARCIALES Entre otras, gana peso la idea, defendida por el presidente español, de crear una agencia europea (las tres grandes son de EEUU), aunque hay voces que destacan que sus juicios serán menos creíbles por parciales. Está por ver que estas medidas vayan a frenar el terremoto que asola al continente.
La acumulación de errores graves ha sido dramática. Durante la crisis, las agencias otorgaron la máxima calificación --triple A, equivalente a un riesgo "mínimo" de impago-- a paquetes de deuda que contenían hipotecas basura, a Lehman Brothers antes de quebrar o a productos del estafador Madoff. Pero antes también dieron una alta nota a Venezuela o Corea del Sur, poco antes de suspender pagos, o a Enron y Parmalat, que quedaron al borde de la quiebra por escándalos contables.
Puede resultar chocante, por ello, que no se hayan adoptado medidas contundentes. O que hasta antes de la crisis se les permitiera básicamente autorregularse. La clave es que son imprescindibles. Para cumplir su misión de reasignar los recursos económicos, los mercados necesitan un mecanismo que permita calibrar con criterios más o menos objetivos e independientes los riesgos financieros que entrañan los productos de inversión. Además, los pequeños inversores necesitan sus indicaciones para no verse perjudicados por agentes con mucha más información y conocimiento.
Son necesarias, pero su funcionamiento dista de ser ideal. La crítica más repetida es la falta de transparencia de sus modelos de valoración, de los que se sospecha que incluyen datos insuficientes. Es lo que explica que dos de las principales agencias (Moody´s y Fitch) concedan a España la máxima nota (AAA) y Standard & Poor´s (S&P) la deje dos pasos por debajo (AA). Además, solo valoran el riesgo de impago.
CONFLICTO DE INTERESES También está en cuestión la forma en que comunican sus decisiones, pues suelen estar precedidas de rumores que en muchos casos terminan por ser veraces. Una de sus características más dudosas es el conflicto de intereses que supone que las compañías y países que miden son los que pagan las calificaciones, son sus clientes. El diario The New York Times ha desvelado dos correos electrónicos de empleados de Moody´s y S&P en que proponían a sus clientes ajustar los métodos y criterios de valoración para beneficiarlos.
Se ha atacado la falta de competencia en el sector (las tres agencias citadas copan más del 90% del mercado mundial), que utilicen las mismas notas para la deuda soberana de los estados y para la deuda corporativa (el riesgo de impago de España y de una emisión estructurada de una empresa privada no puede ser igual, aunque las dos tengan la misma calificación), y que aceleren las tendencias (notas buenas en los momentos de euforia, que bajan con las vacas flacas) en vez de ser contracíclicas.
