La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, cierra hoy con sendas reuniones con asociaciones y científicos antiabortistas la ronda de contactos que inició la pasada semana para escuchar sugerencias sobre la reforma de la ley del aborto.
Desde el pasado día 24, Aído se ha reunido con representantes de las personas con discapacidad, del Consejo de la Juventud, de las clínicas abortistas, de las sociedades de contracepción y Planificación Familiar, de las feministas, de los colectivos pro vida y de científicos antiabortistas.
Todas las asociaciones han mostrado la necesidad de modificar la ley actual, con matices sobre el plazo de semanas para abortar, salvo los colectivos pro vida que rechazan la interrupción voluntaria del embarazo porque "se destruye vida humana".
También han coincidido en que la norma se incluya en una estrategia más amplia de salud sexual y reproductiva encaminada a mejorar la educación y la información de los jóvenes para reducir el número de abortos y de embarazos no deseados.
Con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que abrió la serie de reuniones, Aído acordó la supresión de referencias discriminatorias que contiene la norma actual, vigente desde 1984.
Tras reunirse el 25 de marzo con representantes del Consejo de la Juventud de España, el pasado lunes recibió a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) que defiende el aborto libre hasta la semana 24 y la eliminación de cualquier plazo en caso de malformaciones en el feto.
El comité de expertos nombrado por el Ministerio de Igualdad recomendó en su informe sobre la reforma de la ley, el aborto libre hasta la semana 14 de embarazo y, en caso de malformaciones fetales, la ampliación de ese plazo hasta la semana 22.
Ese mismo día, Aído recibió a representantes de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), quienes incidieron en la necesidad de incluir la educación sexual dentro del sistema educativo de forma obligatoria.
La Federación de Planificación Familiar solicitó que la ley regule los casos de chicas mayores de 16 años que quieren abortar sin contar con el consentimiento paterno para que "la última palabra la tenga la joven".
Por su parte, las asociaciones feministas han pedido hoy que la ley sea clara en relación con el supuesto de que las malformaciones fetales sean detectadas después de la semana 22.
Desde la Federación de Asociaciones Provida, se considera que no tiene sentido hablar de plazos o de supuestos porque en todos los casos se destruye vida humana.
En su reunión de hoy esta Federación ha pedido a la ministra la creación de un procedimiento informado para que la mujer que vaya a abortar conozca las ayudas de que dispone si decide continuar con el embarazo, al tiempo que han exigido nuevas estrategias de prevención ante el "fracaso" de las campañas desarrolladas hasta ahora.
