La Audiencia Nacional va a investigar el trato que recibieron los nueve detenidos en Catalunya en la operación Pretoria al entrar en este tribunal, el viernes pasado, esposados y con sus pertenencias en bolsas de plástico para ser puestos a disposición del juez.

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha ordenado la apertura de un expediente informativo para aclarar lo ocurrido con el traslado de los detenidos el pasado viernes cuando fueron expuestos ante los medios de comunicación a las puertas del tribunal, según un comunicado de esta institución.

La decisión de esclarecer los hechos se ha tomado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y la Conselleria de Justicia se quejaran sobre la manera en que los implicados en el caso Pretoria entraron a pie por la escalinata de la Audiencia Nacional ante la presencia de los medios gráficos.

EVITAR SITUACIONES SIMILARES

La Audiencia Nacional considera que esta investigación servirá para tomar las medidas oportunas con el fin de "evitar que en el futuro puedan repetirse situaciones similares, tal y como hasta ahora se ha venido actuando en la Audiencia Nacional, sin perjuicio de la naturaleza de los delitos y su gravedad".

Se recuerda que tanto en este caso como en otros en los que los detenidos son llevados a la Audiencia Nacional, los jueces de instrucción "no tienen competencia sobre las condiciones de su traslado y acceso al edificio hasta que acceden a su despacho para prestar declaración", concluye el comunicado.

LOS ARRESTADOS

Entre los ocho arrestados el pasado martes en Catalunya, están los exaltos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz.

Los otros cinco detenidos en Catalunya son el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el director gerente de Servicios, Pascual Vela; el exdiputado del PSC Luis García y los empresarios Josep Singla y Lluís Casamitjana.

A ellos se une Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa Mediterránea, empresa de servicios de limpieza que posee una delegación en Santa Coloma de Gramenet, que fue arrestado en Madrid.