Cuando la izquierda aberzale se conjuró contra el proyecto de una central nuclear en Lemoniz (Vizcaya), ETA asesinó a cinco personas hasta lograr la paralización del proyecto. Cuando se opuso a la autovía que une Guipúzcoa con Navarra, la banda mató a cuatro ciudadanos y logró modificar el trazado. Ahora que acusa al AVE de ser una infraestructura que "aumenta la dependencia económica con España", los terroristas asesinan a un empresario que apostó por el proyecto. Pero esta vez la respuesta es unánime y sin dudas: no se pararán las obras.

Y es que las instituciones se han comprometido a fondo para que el proyecto conocido como la Y vasca --por la forma en que se conectarán las tres capitales-- llegue a buen término. Es una colaboración poco habitual, pero en este asunto los Gobiernos central y vasco trabajan de la mano para que la violencia no interfiera en el desarrollo de la infraestructura más ambiciosa desarrollada en Euskadi.

Intimidación

"No permitiremos que la conviertan en un segundo Leizarán", dijo la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, en su primer viaje de reconocimiento a los trabajos en el término alavés de Luko. Era diciembre del 2007 y, en aquel momento, se multiplicaban ya los ataques contra la maquinaria de diversas constructoras.

Además, la estrategia de intimidación que manejan con maestría grupos de la izquierda aberzale se desplegaba en múltiples actos ante las sedes de las constructoras. De hecho, la presión llegó a tal extremo que una empresa, Excavaciones Ugarte, decidió retirarse del proyecto. Los portavoces de los grupos contra el tren de alta velocidad (TAV) la pusieron de inmediato como ejemplo al resto de constructoras para que renunciasen a colaborar en la obra. Batasuna difundió un documento aleccionando a la militancia para que asumiera el tren como un "proyecto de imposición".

El beligerante discurso de la izquierda aberzale contra el AVE reprodujo los esquemas utilizados contra las grandes infraestructuras que se han desarrollado en Euskadi y planteaban como objetivo central "parar el tren".

Antes de ser encarcelados, dirigentes de Batasuna como Eusebio Lasa llamaron a los militantes a "luchar" contra la Y vasca porque esa era la manera, decía, de poner las bases para otro modelo social y económico. A la vez, la organización ilegalizada Segi, imprimía manuales para que los protagonistas de la violencia conocieran cómo "destrozar a los que destrozan", esto es, cómo atacar las propiedades e intereses de las empresas implicadas.

Ya en la pasada primavera, ETA decidió actuar directamente contra el proyecto. En mayo colocó dos bombas en sendas excavadoras de la empresa Amenábar. En julio dejó una mochila con cinco kilos de amonal ante la sede de este misma empresa en Zarautz. Y ese mes hizo estallar artefactos en obras de unas empresas adjudicatarias del AVE, como Fonorte y Acciona.

Fue en agosto cuando en un comunicado la organización terrorista acusó por primera vez a estas empresas de "trabajar para unos intereses ajenos a Euskal Herria". ETA dejó claro que las obras estaban entre sus objetivos porque el AVE pretende, dijo, "enterrar en cemento el proyecto independentista con un discurso de modernidad, bienestar y palabras vacías".

Los expertos en la lucha antiterrorista sospecharon entonces que la banda podría pasar al ataque directo contra los empresarios y empleados en las obras del tren que se iniciaron en el 2006 y que aún tiene tramos en fase de adjudicación.

De hecho, ya en junio se constituyó la Comisión de Seguridad del Tren de Alta Velocidad. Era una respuesta pública al desafío etarra de convertir el AVE en objetivo prioritario. Porque la oposición al AVE y la defensa de los presos etarras son hoy las únicas banderas de una izquierda aberzale sin discurso y sin líderes, pero que sigue justificando a ETA.