El dirigente de la ilegalizada Batasuna Pernando Barrena advirtió ayer de que si el proceso de paz prospera no podrá haber presos de ETA "en el 2010 o en el 2020". Además, el secretario general del sindicato aberzale LAB, Rafa Díez Usabiaga, aleccionó al PSOE para que "tenga claro" que en una "negociación" con ETA el Gobierno "deberá liberar a los presos".

La reacción de la izquierda aberzale contra la decisión del Tribunal Supremo de modificar su doctrina sobre las redenciones para evitar que etarras con penas muy elevadas salieran en breve de la cárcel fue ayer de contundente rechazo. La letrada Jone Goirizelaia la denunció como una "medida fascista y a la turca"; Rafa Díez la calificó de "torpedo" para el incipiente camino hacia el fin de la violencia y Barrena dijo que se trata de "una carga de profundidad" impulsada por los "aparatos del Estado que controla el PP".

No obstante, en una entrevista en la televisión pública vasca, Barrena restó importancia a este debate y afirmó que "todo el mundo sabe" que si hay proceso de paz el destino de los presos de ETA será "volver a casa en un plazo razonable". En la misma línea se expresó Díez Usabiaga al recordar que la vía acordada en Irlanda entre el IRA y los gobiernos británico e irlandés para poner fin a la violencia permitió que los presos "salieran a la calle en tres años".

DOCTRINA INCONSTITUCIONAL Todos los partidos, menos el PP, aceptan que el papel de ETA en el proceso debe reducirse a tratar de los presos y las armas con el Gobierno. Tanto ese diálogo como el de las fuerzas políticas para acordar el nuevo pacto con el Estado se afrontarán cuando la banda se retire.

El Gobierno vasco consideró, por su parte, "inconstitucional" la nueva doctrina del Supremo sobre redenciones y dijo que con ella se "dificulta" la reinserción.

Mientras, los empresarios vascos reaccionaron indignados ante las manifestaciones del secretario general del sindicato aberzale LAB, Rafa Díez, que puso en duda el chantaje económico de ETA, precisamente cuando el sector empresarial es el que sigue en el punto de mira de la banda, que trata de asegurar su aprovisionamiento de fondos.

Confebask calificó de un "cinismo incalificable" las palabras del líder de LAB cuando dijo "desconocer" si la denuncia de los industriales "es verdad o no". La patronal precisó que Díez "sabe muy bien" la insoportable presión a la que están sometidos. La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, confirmó que al Ejecutivo le consta la extorsión y dio su "total apoyo" a los empresarios.