Cinco años después del mayor atentado registrado en España, las asociaciones de víctimas que llevan a sus espaldas la lamentable experiencia del terrorismo etarra denuncian que se siguen cometiendo dos errores que lastran la superación del suceso: la burocracia y la falta de asistencia psicológica a medio y largo plazo. Tres de los colectivos que agrupan a los damnificados, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo y la Associació Catalana de Víctimes d´Organitzacions Terroristes (ACVOT), denuncian que el Estado niega a familiares con lesiones psíquicas graves la consideración de "víctima", porque no queda "suficientemente acreditada la relación causal entre las lesiones y el atentado".

Sara Bosch, responsable del área psicológica de la ACVOT, explica que ha obtenido esta respuesta cada vez que un damnificado en esas circunstancias ha solicitado una pensión extraordinaria ante el Equipo de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social. "Al dolor por la pérdida del ser querido se añade que la Administración te dice que tu dolor, cinco años después, no tiene nada que ver con ese atentado. Y eso que has ido con un informe de médicos del sistema público que asegura que tus trastornos se deben a ese hecho. ¿Por qué no creen su palabra?", se pregunta.

Bosch comprobó, pasada la "onda expansiva social" del 11-M, que la Administración no cuida el tratamiento a medio y largo plazo. Recuerda que el 25% de las víctimas sufre un "proceso de evitación" que les impide abordar el asunto. "Eso lo sabemos, pero no hemos diseñado un dispositivo para ir a buscarlas, y mucho menos para reinsertarlas laboralmente", afirma.

El director general de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, José Manuel Rodríguez Uribe, asegura que la etiqueta de "víctima" no es bien vista por todos los damnificados e insiste en que los afectados están recibiendo las indemnizaciones en un periodo razonable de tiempo.

Rodríguez trabaja en la reforma de la ley de víctimas. "Será una norma integral que no solo estará basada en las indemnizaciones, sino también en el apoyo psicosocial, y se ampliará a los que sufren atentados en el extranjero, las víctimas de los secuestros exprés y los acosados por ETA", asegura.