La instrucción del caso Gürtel , que investiga la red de corrupción vinculada al PP y dirigida por Francisco Correa, ha entrado en su fase decisiva en la Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha citado a declarar el próximo martes, 19 de mayo, como imputados al presidente autonómico, Francisco Camps, y a su número dos en el partido, Ricardo Costa, junto a dos exaltos cargos de la Administración autonómica.
Los cuatro están acusados por la Fiscalía Anticorrupción de un delito de cohecho por recibir dádivas a cambio de contratos adjudicados a las empresas de la trama. El PP podrá contener el terremoto hasta el martes, pero le será difícil justificar que no toma medidas contra uno de sus barones territoriales en vísperas de los comicios europeos si este sale del juzgado en libertad con cargos y fianza.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusó a Camps, Costa, el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret de recibir 34.908 euros en trajes --de ellos, 12.363 para el presidente-- por conceder unos contratos superiores a cinco millones de euros. Al tratarse de aforados, el magistrado tuvo que inhibirse en favor de los tribunales valencianos, que ahora han actuado en la línea marcada inicialmente por Garzón.
Camps siempre ha sostenido que él pagó los trajes, pero se ha negado a aportar pruebas que solo le debía al juez, ante quien había pedido declarar. Ayer reiteró que seguía teniendo unas "ganas locas" de contar al juez todo lo que sabía de las empresas de Correa y su lugarteniente en Valencia, el imputado Alvaro Pérez Alonso, alias el Bigotes , al que le unía la amistad.
"No hay nada que ocultar. Iré donde haga falta para demostrar que el esfuerzo también ha tenido un correlato de dignidad y de honorabilidad", insistió ayer Camps ante la batería de preguntas de la oposición durante la sesión de control a su Ejecutivo, pero se negó una vez más a entrar en detalles, escudándose en un secreto de sumario que en realidad se levantó cuando la competencia pasó al TSJCV.
ESTRATEGIA DE TRILLO Puede que las explicaciones de Camps convenzan al juez, pero antes de declarar tendrá que escuchar, junto a los otros tres imputados, unas grabaciones desconocidas hasta ahora que podrían aportar datos sobre su implicación.
La amistad que une al presidente del TSJCV con el líder de los conservadores valencianos ha dado mucho que hablar pero pocos se atreven a cuestionar la valía profesional y la independencia del magistrado que ha asumido la causa. Queda por ver cuál es la estrategia de defensa que ha diseñado Camps junto a sus abogados, seguramente apoyados por el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, que supervisa la táctica del partido para afrontar este caso.
