Al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, no le basta con la inminente sustitución de Carlos Jiménez Villarejo como titular de la Fiscalía Anticorrupción. Ayer Cardenal propuso al Ejecutivo que suprima esta institución --creada por el PSOE en su última etapa de Gobierno-- y confíe la persecución de los delitos vinculados a la corrupción a todos los fiscales españoles, que a su juicio están capacitados para llevarla a cabo.
La negativa de Cardenal a permitir que Villarejo investigue la presunta trama de Madrid, origen de la traición al PSOE de los diputados Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, es sólo el último episodio de un largo pulso entre ambos fiscales. Enfrentamiento que se ha saldado a favor de Cardenal, ya que el Gobierno, al reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal, impuso que los fiscales jefe tuvieran un mandato limitado a cinco años, lo que ha propiciado el cese de Villarejo y otros representantes del Ministerio Público igualmente incómodos para el PP.
AZNAR GUARDA SILENCIO
Al elaborar el nuevo Estatuto, el Ejecutivo debatió la posibilidad de suprimir la Fiscalía Anticorrupción, pero prefirió rehuir la previsible polémica con el PSOE. Por eso se limitó a prescindir de su titular y poner trabas a su sustituto, como la de impedir que demore sus pesquisas más allá de seis meses. Fuentes gubernamentales apuntan, no obstante, que la idea inicial sólo ha quedado aparcada hasta mejor ocasión. Prueba de ello es que ayer el presidente, José María Aznar, evitó pronunciarse sobre la propuesta de Cardenal.
Todo lo contrario que el PSOE, cuya secretario de libertades públicas, Juan Fernando López Aguilar, respondió a Cardenal que hoy la Fiscalía Anticorrupción es "más necesaria que nunca", por lo que defendió su reforzamiento. Este dirigente socialista sostuvo que bajo el mandato de Aznar ha proliferado más la corrupción que en épocas anteriores. También Gaspar Llamazares (IU) rechazó la propuesta del fiscal general, e instó al Gobierno a destituirle en caso de que no siga su consejo.
Tanto la conservadora Asociación de Fiscales como la Unión Progresista de Fiscales defendieron la continuidad de la instancia del Ministerio Público que todavía dirige Jiménez Villarejo, especializada en la lucha contra la corrupción.
Al fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Salinas, probable sucesor de Villarejo, Cardenal lo definió ayer como "hombre competente, con personalidad y con criterio". Entrevistado por Radio Nacional, basó sus elogios en el hecho de que Salinas fue el único fiscal del Supremo que se opuso a citar al ministro Josep Piqué por su supuesta implicación en el caso Ercros.
ARGUMENTOS VARIOS
Cardenal insistió en que "no tiene mucho sentido" que Villarejo investigue la trama de Madrid antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resuelva el recurso de súplica del PSOE contra el rechazo de su querella. Recurso al que el propio Villarejo no auguró "ningún futuro" en un escrito enviado a Cardenal el pasado viernes, según reveló ayer el fiscal general del Estado.
El PSOE, por su parte, sostiene que Cardenal puede estar cometiendo un delito de "obstrucción a la justicia". Jesús Caldera denunció ayer que la negativa del fiscal general a que Villarejo investigue la trama madrileña vulnera el artículo 773 de la ley de enjuiciamiento criminal.
El citado artículo obliga al fiscal a practicar diligencias "en el caso de que tenga noticia de hechos aparentemente delictivos". Para los socialistas, los hechos narrados en la querella que presentaron superan con creces ese requisito, pero no ha decidido aún si demandará a Cardenal ante el Tribunal Supremo, entre otras razones porque duda de que su iniciativa pueda prosperar.
