La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorizó ayer a Baltasar Garzón a trasladarse a La Haya para trabajar como asesor externo del fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo. La decisión fue adoptada por tres votos a favor y dos en contra. El CGPJ buscó esta fórmula después de que la mayoría de los vocales se negaran a concederle la excedencia por servicios especiales solicitada por el togado de la Audiencia Nacional.

La comisión se reunió por la tarde después de recibir los cinco informes que había solicitado al TPI, al Tribunal Supremo, al fiscal general del Estado, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la secretaría general del propio CGPJ el viernes pasado. Todos los dictámenes avalaron la petición de Garzón, excepto el del Poder Judicial, que advirtió de las dificultades que entrañaba conceder una licencia por servicios especiales a un magistrado suspendido de sus funciones porque va a ser juzgado por prevaricación.

Esta advertencia, según fuentes jurídicas, fue realizada por los magistrados del Supremo al presidente de ese organismo y del CGPJ, Carlos Dívar, tras la reunión que el pleno del Poder Judicial celebró el viernes. Las citadas fuentes apuntan que los jueces recomendaron a Dívar que reclamara nuevos informes antes de contestar a la petición de Garzón para evitar posibles querellas ante la sala contenciosa del alto tribunal.

BUENA SALIDA Por este motivo, Dívar aplazó la decisión sobre el traslado de Garzón. Una medida apoyada por la vocal progresista Almudena Lastra, que finalmente ha formulado un voto particular al acuerdo de sus compañeros por considerar que el CGPJ debería haber concedido al juez de la Audiencia Nacional la excedencia por servicios especiales, y no una simple autorización. Fuentes judiciales explicaron que los vocales optaron por la autorización porque es una buena salida para el magistrado. La vocal progresista Margarita Robles comunicó la decisión al togado. El acuerdo cuenta también con el voto particular del vocal conservador Antonio Dorado, que se mostró partidario de exigir a Garzón que presentara una nueva solicitud, al ver denegada la petición que había realizado.

Con esta decisión, el juez podrá marcharse a La Haya cuando lo desee. Y cuando se marche tendrá la garantía de que mantendrá su plaza en el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, que no saldrá a concurso salvo que el Tribunal Supremo le condene en el caso de la memoria histórica.

Además, el magistrado podrá percibir el salario base y la antigüedad a los que tiene derecho tras haber sido suspendido, así como la nómina que le pague el Tribunal de La Haya.