Si el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, mantiene el mismo talante con todos los presidentes autonómicos que el que ha aplicado en sus entrevistas con los de Andalucía, José Antonio Griñán, el lunes, y con el gallego, Alberto Núñez Feijóo, ayer, el nuevo sistema de financiación autonómica cambiará de nombre y de composición, pero mantendrá el mismo estatus y el irracional reparto de recursos del modelo actual entre las diferentes autonomías.

Eso sí, aumentará el tamaño del pastel, pero a cada autonomía le seguirá tocando la misma parte, con el consiguiente incremento de ingresos en cifras absolutas. No está claro quién pagará el mayor volumen de la tarta, pero todo apunta a que se hará un reparto de cargas entre el déficit del Estado, un recorte de gastos de la Administración central y un incremento de impuestos, en línea con lo que ya se ha hecho con los de carburantes y tabaco, dos tributos sobre los que está previsto que aumente el porcentaje que pasa directo a las arcas autonómicas.

Si el lunes Chaves se comprometía con el socialista Griñán a crear un nuevo criterio de población escolar para ponderar al alza los recursos disponibles para pagar los servicios, ayer, el vicepresidente asumió la demanda del popular Feijóo de que Galicia reciba el 7,1% de los recursos del nuevo sistema de financiación. Curiosamente, el mismo porcentaje que, según los datos de la última liquidación del 2007, le ha correspondido a los gallegos. En este caso, para lograrlo, Feijóo propuso a Chaves que pondere más el criterio de "dispersión", uno de los que más beneficia a Galicia. Actualmente, a este criterio se le destina el 1,2% de aproximadamente la mitad de todo el dinero dedicado a la financiación. Feijóo reclamó ayer que se aplique sobre el total. Traducido en números, supondría pasar de los 700 millones de euros destinados a este criterio en el 2007 a casi 1.400.

Respecto al objetivo de mantener el 7,1% sobre todos los ingresos, si la cifra del fondo de compensación se incrementa en 9.000 millones, como en la primera propuesta de Pedro Solbes, a Galicia le corresponderían 629 millones más al año, y si la cifra alcanza los 12.000 insinuados por Elena Salgado, le tocarían 842 millones más.

EL COSTE DE LOS EMIGRANTES Chaves y Feijóo no concretaron cifras. Esto queda para la reunión de hoy del presidente gallego con la vicepresidenta económica. Puestos a pedir, el líder popular reclamó que pondere también más el envejecimiento de la población e, incluso, el coste de la atención a la población emigrante gallega. En estos dos puntos, Chaves evitó comprometerse, aunque dejó claro que sería "injusto" que solo computase la población pura y dura para el reparto de fondos.

En el caso de Cataluña, el Estatut reclama que se corrija la variable de la población con elementos que hacen que su atención sea más cara en unas autonomías que en otras y, en el caso catalán, cita "el porcentaje de población inmigrante", la densidad, la dimensión de los núcleos urbanos "y la población en situación de exclusión social". Al Gobierno le quedan pocas semanas para cuadrar los números.