La comisión parlamentaria que investiga la masacre del 11-M aprobó ayer la remisión al Gobierno de 141 recomendaciones sobre el modo en que se debe garantizar la seguridad futura de los españoles, el apoyo que debe darse a las víctimas y la forma más eficaz de responder al fundamentalismo islamista. Sólo el PP se quedó al margen de un acuerdo que suscribieron el PSOE, CiU, ERC, IU-ICV, PNV, Coalición Canaria y todo el Grupo Mixto con la intención de demostrar, ante el primer aniversario de la matanza, que su trabajo ha servido para algo concreto, más allá de las pugnas políticas.

Aunque las medidas sólo son recomendaciones, se pide al Gobierno que estudie la posibilidad de poner en marcha todas las que pueda, sin esperar a que se aprueben las conclusiones finales en mayo o junio.

Entre las medidas figuran ayudas a las víctimas --como un tratamiento sensible en el juicio oral, protección de la intimidad, facilitar la nacionalidad a los extranjeros y subvenciones laborales y educativas, entre otras--, así como elaborar un plan para financiar una mayor dotación de agentes especializados en el terrorismo islamista y juzgados especializados en terrorismo.

MEDIDA POLEMICA Las medidas que pueden suscitar más polémica son, por ejemplo, la regulación de la figura del "informador policial", es decir, del confidente. En este apartado figuraría la reforma legal para facilitar el acceso a datos de móviles y el mayor control en las mezquitas, que en el texto aprobado figura como "apoyo a aquellos que realizan labores directivas en la religión musulmana con el fin de aislar a los violentos".

Los portavoces de los grupos firmantes explicaron que, a su entender, el temor a las conclusiones definitivas es la razón por la que el PP se ha quedado al margen. Dijeron que los conservadores saben que el acuerdo alcanzado ayer obliga a sacar unas conclusiones entre las que se incluirán el juicio que les merece la actuación del Gobierno del PP antes del 11 de marzo y su comportamiento entre ese día y el de las elecciones del 14-M.

Entre los portavoces de los partidos que suscriben las medidas existe el convencimiento de que el Gobierno del PP actuó con imprevisión antes de los atentados e intentó engañar a los españoles incriminando a ETA como autora de la masacre por interés electoral. Los portavoces basan su criterio en que el PP ni siquiera consideró el texto inicial del acuerdo, en el que se hacía referencia a las "serias disfunciones" existentes antes del 11-M, desde la desorganización interna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta el "descontrol relevante" de los explosivos.

FALLOS ANTERIORES Con el ánimo de que el PP se sumara a la iniciativa, para dar una imagen de unidad, los firmantes renunciaron a 11 de las 46 páginas de ese texto, las que aludían a los fallos del anterior Ejecutivo. Pero no bastó, porque, según fuentes de los conservadores, el problema se centraba en las conclusiones que podrán adoptarse en mayo sobre el papel de Aznar. El portavoz del PP en la comisión, Vicente Martínez Pujalte, dijo que hubieran podido suscribir esas o más medidas, pero que no lo hacían para "no trocear" el texto final de las conclusiones.

Apenas una hora después de que la comisión aprobara las recomendaciones, el presidente del PP, Mariano Rajoy, leía en Sevilla una declaración en la que justificaba su voto en contra. Rajoy tachó el texto de "fraudulento" y "partidista". Acabó diciendo ante los militantes que la comisión buscaba castigar al PP, informa Julia Camacho.

Los representantes del PP ni siquiera votaron, aunque se mantuvieron en la sala. A su entender, cara a las víctimas y a la opinión pública, bastaría que un pleno conjunto de Congreso y Senado aprobase una declaración institucional de apoyo el mismo día del aniversario.

En su afán por impedir que se aprobasen las recomendaciones, el PP también pidió que se discutiera su recurso en contra de que se troceen las conclusiones por aprobarse ayer las 141 recomendaciones. El PSOE y el resto de los grupos se negaron.

Significativamente, el PP reclamó que se debatiesen y votasen en la comisión la solicitud de nuevas comparecencias, porque considera que los trabajos no han terminado, aunque, a su juicio, así lo pretenda el PSOE. Para evitar más conflictividad en la semana del aniversario de la matanza, Paulino Rivero pidió que se aplazase la discusión hasta el 16 de marzo.