Las reformas estatutarias y los trasvases de agua están abocados a causar quebraderos de cabeza al PSOE y al PP. El Congreso aceptó ayer la tramitación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que incluye la "definitiva extinción" del trasvase Tajo-Segura. La caducidad de esta obra provocó algunos conatos de rebelión entre diputados socialistas y populares de la Comunidad Valenciana y Murcia, autonomías receptoras del agua del Tajo. Para que el Estatuto no encallase, ambos partidos utilizaron la táctica de la tramitación del Estatuto catalán: garantizaron a los suyos que enmendarán el texto para adecuarlo al "interés general", lo que se interpretó como el fin del artículo antitrasvase. Pero el PP no logró su cometido y dos diputados murcianos rompieron la disciplina de voto para oponerse a la aceptación de la Carta.
