Serafín Castellano, consejero de Gobernación del Ejecutivo valenciano, que preside Francisco Camps (PP), adjudicó el 28 de octubre del 2008 el servicio de limpieza y ajardinamiento de diversos edificios de Gobernación, por un importe de 214.908 euros, a la empresa Seralia SA, propiedad de José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en la trama de corrupción que afecta supuestamente a cargos del PP en Madrid y Valencia. Castellano, hombre de confianza de Eduardo Zaplana y ahora devoto de Camps, firmó la adjudicación el 11 de noviembre del 2008.
El consejero, además, insistió ayer en defender su inocencia ante las acusaciones que se han vertido sobre la falta de transparencia en las contrataciones que ha llevado a cabo su departamento con Construcciones Taroncher, cuyo propietario, José Miguel Pérez, es un íntimo amigo. Dicha empresa ha facturado 171.034 euros en dos años por diferentes trabajos de reforma para la consejería de Castellano.
El político, que también admitió la vinculación crediticia entre la copropietaria de Taroncher, esposa de su amigo, y su mujer, que comparten la propiedad de una finca de naranjos en la localidad valenciana de Llíria, explicó que, durante su responsabilidad en diferentes cargos a lo largo de 10 años (consejero de Sanidad, Justicia y Gobernación), la empresa Taroncher ha sido adjudicataria de obras en concursos públicos por un valor de 391.450 euros.
"TRANSPARENTES" Castellano afirmó que ni él ni su esposa tienen participación ni intereses con empresa alguna y que "jamás" ha utilizado su cargo público "para beneficiar a nadie". El consejero de Camps destacó que las adjudicaciones que ha formalizado en su trayectoria política son "legales, claras y transparentes", una afirmación que no comparten los socialistas valencianos, que han acusado a Castellano de mantener una relación privilegiada con la empresa Taroncher.
