El director general de Política Forestal de Castilla-La Mancha, José Ignacio Nicolás, encargado de la Dirección del Medio Natural en 2005, cuando murieron once personas en un incendio en Guadalajara, ha dimitido hoy de su cargo, tras ser imputado en el auto de cierre de instrucción, el cual la Junta recurrirá. Así lo ha anunciado esta tarde el consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, en una rueda de prensa en Toledo, en la que ha manifestado estar sorprendido tanto por el momento en el que se ha conocido el auto como por su contenido. En cuanto al momento, por ser la víspera del comienzo de una campaña electoral, por coincidir asimismo con "las dificultades jurídicas del PP" y porque faltaba la práctica de tres diligencias. Respecto al contenido porque a Martínez Guijarro le parece "inadmisible" que la juez haya considerado más reprochable la acción de quienes trataron de apagar el fuego -la mayoría de los veinte imputados- que de quienes lo prendieron -algunos de los nueve exculpados por el auto-. Martínez Guijarro ha indicado que los servicios jurídicos de la Junta estudian ya el sentido del recurso, pero han adelantado que "hay bases suficientes" para recurrir. También ha lamentado que la juez haya ignorado un informe pericial solicitado de oficio, que descartaba cualquier tipo de negligencia. El entonces director general del Medio Natural ha puesto a disposición su cargo actual de director general de Política Forestal y el consejero ha procedido a "relevarle" muy a su pesar, según su propia explicación. El titular regional de Medio Ambiente ha comenzado su comparecencia con un recuerdo para las víctimas de aquel incendio, y también ha mostrado "el total apoyo a todos y cada uno" de los profesionales de prevención y extinción de incendios que intervinieron aquellos días, que han sentido "una persecución" en estos casi cuatro años. "Bastante desalentador" es el mensaje para la sociedad que Martínez Guijarro aprecia en el contenido de un auto que contiene deficiencias, aunque ha reiterado en varias ocasiones su "respeto a las decisiones judiciales". Las tres diligencias pendientes -según ha dicho Martínez Guijarro- son: una contestación a las alegaciones del Ayuntamiento de Riba de Saelices, una prueba documental fotográfica -denegada por la juez pero aprobada por la Audiencia Provincial- y una petición del abogado de las familias relativa al avión de coordinación. El consejero ha dicho que, incluso, "ayer mismo", miércoles, la juez, María del Mar Lorenzo, les comunicó una ampliación de plazo para responder a las alegaciones del Ayuntamiento. El responsable de la Consejería -que asumió este cargo el año pasado- ha reiterado que la actuación de todos los técnicos de la Junta fue la correcta y que aquel día ocurrió "un fatídico accidente". Martínez Guijarro ha relatado que se ha puesto en comunicación en las últimas horas con los imputados y que uno de ellos ha sido localizado por teléfono cuando se encontraba dirigiendo la extinción de un incendio forestal; "ése es el nivel de profesionalidad". Que a unos profesionales de extinción se les impute un delito de incendios forestales "es una verdadera paradoja", ha dicho Martínez Guijarro. Junto a Nicolás ha sido imputada la entonces consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo -que dimitió días después-, otros cargos políticos de la Junta y del Ayuntamiento, varios técnicos de extinción y del 112 y tres de los excursionistas que iniciaron la barbacoa originaria.
