Tiempo de descuento. El tribunal que juzga la masacre terrorista cometida en Madrid el 11 de marzo del 2004, el fatídico 11-M, trabaja a marchas forzadas para cumplir su compromiso y hacer pública el próximo miércoles, a las once de la mañana, la sentencia.
Esa resolución, que se ha ganado de antemano el calificativo de histórica, deberá despejar las dudas que han rodeado a esta matanza, perpetrada tres días antes de las elecciones generales del 14 marzo del 2004. La victoria del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en las urnas causó tal decepción al PP de Mariano Rajoy que, en vez de asumir la derrota, optó por urdir una teoría conspirativa. Por ello, durante estos tres años no ha cesado de implicar a ETA en esta masacre.
La instrucción de este proceso, que cayó en manos del juez Juan del Olmo, fue sometida a una presión política y mediática sin precedentes. Al PP no le inmutó el dolor de las familias de 191 víctimas y de más de 1.800 heridos e intentó dinamitar esa instrucción judicial. El magistrado se vio superado por los acontecimientos y llegó a imputar a más de 100 personas. Sin embargo, luego procesó solo a un tercio de ellas.
El pasado 15 de febrero comenzó este macroproceso judicial. 28 personas se sentaron en el banquillo de los acusados. 57 sesiones después, el fiscal mantuvo su acusación salvo contra uno de ellos y reclamó penas que oscilan entre los cuatro y los 38.962 años de cárcel.
¿Quién ideó la masacre?
La sentencia, que ocupará casi 800 folios, no agradará a todos, pero aclarará las dudas más importantes. No obstante, la última palabra la tendrán el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Tampoco se descarta que intervenga el Tribunal de Derechos Humanos. Eso sí, dentro de muchos años.
La sentencia deberá aclarar quién ideó, gestó, perpetró y colaboró en la matanza. La fiscalía y las acusaciones atribuyen a Al Qaeda la autoría de esta masacre. Para ellos, un grupo radical islamista coordinado por uno de los siete suicidas de Leganés, Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino , decidió atentar en España por el apoyo del Gobierno de Aznar a la guerra de Irak.
La teoría conspirativa sobre la participación de ETA en la masacre ha hecho correr oceános de tinta desde la triste mañana del 11 de marzo del 2004. Ese día, el entonces ministro del Interior, Angel Acebes, culpó a ETA. Una acusación que mantuvo durante tres días aunque sus mandos policiales le informaron de que habían abierto otra línea de investigación. Pero al PP no le interesaba que Al Qaeda hubiera golpeado en territorio español. Por ello, mantuvo su mentira hasta que dos días después fueron detenidos cinco islamistas. Fuentes jurídicas han explicado que la sentencia podrá despejar esta duda explícitamente, es decir, negando la conexión etarra, o implícitamente, cargando toda la culpa a Al Qaeda.
La marca del explosivo
La tercera incógnita a despejar es la marca comercial del explosivo empleado en la matanza. Los peritos no han alcanzado un acuerdo, aunque todos concluyen que era goma-2 Eco robada de una mina asturiana. Los voceros de la teoría conspirativa han hablado de hilillos de titadyne, explosivo utilizado por ETA. El tribunal deberá dilucidar esos hechos para evitar que su fallo sea recurrido ante el Supremo.
La facilidad con la que los terroristas se hicieron con casi 100 kilos de goma-2 al contactar con un exminero de Asturias puso de manifiesto los fallos de seguridad que rodearon ese atentado. Lo cierto es que de la investigación se desprende que hubo problemas de coordinación policial.
Sin embargo, lo que ha quedado más claro fue la política del avestruz que practicó el Gobierno de Aznar. El Ejecutivo del PP hizo oídos sordos a las personas que salieron a las calles reclamando la salida de las tropas españolas de Irak. Esos ciudadanos no podían imaginar entonces que un grupo de islamistas, que vivían desde hace años en nuestro país, estaban fraguando la mayor tragedia que ha conocido España desde la guerra civil.
El Gobierno no actuó aunque sabía que existía esa posibilidad después de los informes elaborados por reputados centros internacionales y servicios de inteligencia que advertían de que España se había convertido en un enemigo para Al Qaeda. La sentencia recogerá, previsiblemente, algunos de esos fallos de coordinación policial, pero se espera que no cargue contra los antiguos mandos policiales que, en solo 48 horas, resolvieron la investigación al detener a uno de los presuntos autores de la matanza, Jamal Zugam.
La sentencia tiene que afirmar el papel jugado por cada uno de los acusados para justificar el delito y la pena por el que son castigados. La fiscalía acusa como autores intelectuales a Rabei Osman, El Egipcio , Yusef Beljad y Hassan el Haski. Los tres afrontan una pena de 38.952 años de cárcel.
Para el fiscal, Jamal Zugam y Adelmajid Buchar son autores materiales de la matanza al haber sido reconocidos por dos testigos. El fiscal les reclama 38.950 años de cárcel.
Pena para el exminero
La fiscalía también considera como autor material al exminero José Emilio Suárez Trashorras por haber facilitado el explosivo. Es el acusado que se enfrenta a la mayor petición fiscal, 38.962 años de cárcel. En la misma situación se halla el confidente policial Rafà Zuhier. La fiscalía considera que su participación fue decisiva para que esta célula pudiera hacerse con la goma-2 Eco, ya que puso en contacto a Suárez Trashorras con Jamal Amhidam, uno de los suicidas de Leganés. Por ello, se le reclama 38.958 años de cárcel. En la misma situación está Otman el Gnaui, a quien el fiscal pide 38.962 años de cárcel.
Otros siete procesados han sido acusados de integrar la célula. El fiscal les reclama penas de entre 12 y 27 años de cárcel. Otros tres se han sentado en el banquillo como colaboradores y el resto integraban la trama asturiana. Pese a las peticiones, los acusados solo pasarán 40 años en prisión.
Juez cuestionado
La instrucción del juez Juan del Olmo ha sido puesta en entredicho. La Audiencia Nacional tuvo que ponerle plazos realistas para que cerrara el sumario y poder celebrar a tiempo el juicio antes de que vencieran los cuatro años máximos de prisión provisional. Además, los defensores de los acusados han pedido la nulidad de la mayoría de las pruebas aceptadas por el juez. Las víctimas del atentado serán las protagonistas de esta resolución. En la sentencia deberá figurar su nombre y las circunstancias de su muerte. También se fijarán las indemnizaciones a que tienen derecho sus familias.
